Tras las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en las que afirmaba que «el coste de las obras hidráulicas» repercutirá sobre la factura de los ciudadanos, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado al Gobierno que trabaje para conseguir un «acceso justo y equitativo» al agua.
FACUA ha opinado a través de un comunicado que «la financiación de las obras hidráulicas debe provenir mayoritariamente de un sistema que esté integrado por partidas presupuestarias, ayudas públicas y subsidios, sin excluir el pago de un porcentaje a los consumidores». En la misma línea ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones de la ministra por considerar que llevarán «a una importante subida del recibo del agua».
Por otro lado, la organización de consumidores ha insistido en la necesidad de distribuir las rentas o la solidaridad territorial porque teme que estas medidas «lleven a la discriminación por zonas donde los más desfavorecidos deban hacer frente a un mayor número de inversiones y, por tanto, tengan que correr con más gastos».
Una nueva normativa
Por todo ello, la organización cree que es necesaria una normativa que regule el suministro del agua, fije los precios con la participación de los usuarios y controle otros aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas.
Asimismo, FACUA estima que habría que incluir en la regulación otros aspectos como el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores; las indemnizaciones que habrán de percibir los usuarios si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros; la periodicidad de lectura de los contadores y facturación; las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles; los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio; los conceptos incluidos en las facturas, y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
