Ayuntamientos cerca de la quiebra, retrasos en el cobro de las nóminas, colegios con la calefacción al mínimo… Las noticias sobre la economía del sector público van de mal en peor. La debilidad, de hecho, no solo se aprecia en el Estado central: las comunidades autónomas también padecen la dureza de la crisis. Por ello, para intentar apuntalar sus debilitadas cuentas, algunas han recurrido desde hace años a la emisión de deuda. Hasta hace poco, eran frecuentes las emisiones de bonos autonómicos o patrióticos para instituciones, para grandes inversores. Sin embargo, la falta de financiación mayorista ha movido a las autonomías a recurrir a los particulares para conseguir dinero con el que hacer frente a los gastos más urgentes. Su principal gancho es su alta rentabilidad, que ronda el 4% para inversiones desde 1.000 euros. No obstante, dado el estado de las finanzas autonómicas, los inversores comienzan a albergar dudas sobre si podrían perder su dinero. En principio, no se esperan quiebras, pero conviene conocer las virtudes y los riesgos del producto.
¿Cómo funcionan los bonos autonómicos?
El funcionamiento de los bonos autonómicos es similar al de los bonos del Estado: las comunidades solicitan autorización al Tesoro Público para poner en marcha sus emisiones de deuda. Una vez que cuentan con el visto bueno, publican en su Boletín Regional las condiciones de la oferta, en las que deben incluir la rentabilidad que se comprometen a pagar, el plazo, la inversión mínima y las entidades financieras colocadoras y distribuidoras. En principio, un bono autonómico es un activo de renta fija que ofrece un rendimiento prefijado de antemano y que se pagará en su totalidad al vencimiento.
Conviene saber que los bonos autonómicos no están adheridos a ningún Fondo de Garantía de Depósitos ni de Inversiones
Estos bonos funcionan al descuento: si la entidad ofrece un 4% de interés, el inversor deberá desembolsar el 96% de la inversión. Si desea invertir 10.000 euros, deberá depositar 9.600 y, a vencimiento, recibirá los 10.000 euros. Los 400 euros serán las ganancias conseguidas por la inversión con el bono.
En principio, es un activo de riesgo bajo. En situaciones normales del mercado, la entidad emisora (en este caso una comunidad autónoma) abona a vencimiento la cantidad pactada sin problema. No obstante, hay que recordar que estos bonos no están adheridos a ningún Fondo de Garantía de Depósitos ni de Inversiones, con lo que su riesgo es superior al de los depósitos bancarios, entre otros. Por este motivo, ahora las suspicacias a estos productos han crecido, al tiempo que se elevan las posibilidades y los rumores sobre si una comunidad puede ir a la quiebra.
¿Puede quebrar una comunidad autónoma?
Por ley, las comunidades autónomas no pueden declararse en quiebra. Su tratamiento legal no es el mismo que el de una persona jurídica (empresa) o física (particular), que puede acogerse al procedimiento de concurso de acreedores. Las comunidades no pueden solicitar concurso de acreedores y, además, la mayoría de sus bienes son inembargables.
En principio, cuentan con libertad para administrar sus finanzas y si una comunidad no tiene liquidez, el Estado central no está obligado a respaldarla. Este aspecto parece dejar desamparado al inversor de bonos autonómicos. Pero hay numerosos mecanismos legales que sí permiten al Estado «ayudar» a las comunidades con problemas: puede conceder créditos a las comunidades o aprobar renovaciones de deudas, en casos de emergencia. Esto invita a pensar que, en principio, aunque haya autonomías con problemas, el Gobierno central no va a dejar caer a ninguna de ellas. Y ello implicaría que ningún inversor de bonos perderá su dinero invertido.
Características de los bonos autonómicos
En cualquier caso, los bonos autonómicos no son depósitos. Conviene conocer las peculiaridades legales del producto y analizar las posibilidades de pérdida de capital a las que se enfrenta el inversor:
Se pueden comprar a través de unos bancos determinados, con los que las comunidades autónomas firman convenios
Rentabilidad: el rendimiento de los bonos autonómicos es uno de los aspectos más llamativos y que más atraen a los inversores. Desde 2010, las comunidades autónomas más activas en la puesta en marcha de estos activos (Cataluña, Valencia, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Baleares…) han colocado bonos entre particulares con rentabilidades que partían del 4%.
Es un retorno muy interesante, si se tiene en cuenta que los tipos de interés oficiales se sitúan ahora en el 1% (el año pasado estaban en el 1,25%). En realidad, los bonos se han comercializado en las sucursales bancarias como sustitutos del depósito de alta rentabilidad (que ha ofrecido tipos similares). Ambos productos financieros son parecidos en este aspecto: ofrecen una rentabilidad fija y «garantizada», siempre que el inversor se mantenga hasta vencimiento.
Plazos: los bonos se emiten a plazos cortos, por lo general a un año o dos, a lo sumo. Los tipos de interés que garantizan son anuales. Un inversor que destinó 10.000 euros a un bono de la Generalitat de Cataluña al 4,25% a dos años recibirá 900 euros en concepto de beneficio bruto (425 euros por cada ejercicio que mantenga la inversión).
Venta antes de tiempo: reembolsar el dinero antes de vencimiento es uno de los puntos débiles de los bonos autonómicos. Al ser títulos de renta fija, cotizan en un mercado organizado, con fluctuación continua de precios. El inversor particular deberá acudir a ese mercado para tratar de encontrar comprador para sus títulos. Este mercado secundario de renta fija (en el que cotizan los bonos autonómicos) refleja en los movimientos de sus títulos las malas noticias.
Al igual que ocurre en Bolsa, los títulos cotizados en él reflejan con caída de precios las negativas perspectivas de evolución sobre la economía de las comunidades autónomas. Los bonos emitidos por Castilla-La Mancha cotizan al 53% de su valor nominal (al que se emitieron), es decir, un inversor que quiera vender antes de tiempo debería asumir una pérdida del 47% sobre lo que invirtió. Esto implica que con estos bonos se puede perder dinero. No obstante, conviene subrayar que la pérdida solo es posible si no se mantiene la inversión a vencimiento. Si el inversor «aguanta» hasta el final de la vida del bono, recibirá los intereses pactados y su inversión.
Inversión mínima: las cantidades mínimas para invertir en bonos autonómicos son muy asequibles; se pueden comprar desde 1.000 euros y, por lo general, en múltiplos de esta cantidad.
Dónde se pueden comprar: las solicitudes se pueden hacer a través de unos bancos determinados, con los que las comunidades autónomas firman convenios de colaboración. Lo habitual es que las comunidades soliciten la colaboración de las cajas más activas en su región.
Información en las sucursales: es muy importante que el comercial del banco o caja de ahorros que distribuye estos bonos ofrezca información fiel y contrastada al usuario. Uno de los peores fallos que cometen las entidades es comercializar productos sin informar de sus riesgos.
En el caso de los bonos, es fundamental transmitir al inversor que, si desea vender su activo antes de tiempo y recuperar su dinero, deberá acudir al mercado secundario de renta fija, donde la liquidez y la negociación son reducidas. Se puede tardar varios días, o incluso semanas, en hacer efectivo su dinero y, además, puede asumir pérdidas.
La deuda de las comunidades autónomas no ha parado de crecer en los últimos años de crisis. A cierre del tercer trimestre de 2011, alcanzaba los 135.151 millones de euros, lo que equivale al 12,6% del Producto Interior Bruto y supone un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta es la cifra más alta de deuda autonómica de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
Las cifras desvelan que el endeudamiento regional no ha dejado de aumentar desde 1995. Cada año, de hecho, ha marcado récord histórico, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria que han adquirido los Gobiernos regionales en los últimos años. La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda es Cataluña, con 39.269 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
A cierta distancia le sigue la Comunidad Valenciana (20.469 millones de euros), que ocupa el segundo lugar, por delante de Madrid, cuya deuda asciende a 15.191 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,47% del total del endeudamiento regional.
A continuación, figuran Andalucía (13.738 millones de euros), Galicia (6.971 millones), Castilla-La Mancha (6.612 millones), País Vasco (5.355 millones), Castilla y León (5.090 millones de euros), Baleares (4.501 millones), Canarias (3.419 millones), Aragón (3.388 millones) y Murcia (2.759 millones).
Completan la lista Extremadura (2.011 millones), Navarra (2.075 millones), Asturias (2.042 millones), Cantabria (1.329 millones) y La Rioja (933 millones).
