Faltas y delitos fiscales: cuándo prescriben
Se extinguen a los cinco años, aunque una modificación del Código Penal que está en trámite parlamentario podría elevarlos a diez
- Autor: Por GRACIA TERRÓN
- Fecha de publicación: jueves 29 abril de 2010
Imagen: Juan Pablo OlmoNo se recuerda durante diez meses al año, pero en primavera llega la cita con la Agencia Tributaria. De mayo a junio, asaltan las dudas fiscales y la inquietud por conocer cómo actúa este organismo, de qué modo puede perseguir al ahorrador y las posibles sanciones que impone. Ahora que Hacienda ronda las cabezas de numerosos contribuyentes porque hay que completar la Declaración del IRPF correspondiente a 2009, crece la preocupación por conocer las consecuencias de incorrecciones, fallos u omisiones deliberadas en su presentación: qué ocurre si se comete una equivocación, qué sanciones impone el fisco, hasta cuándo se investigan las faltas… Este último aspecto es uno de los más polémicos este año, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda, con el ánimo de perseguir todavía más los delitos y las infracciones tributarias, tiene previsto elevar su plazo de prescripción de cinco años a diez.
De cinco a diez años
La Ley Orgánica que regula el Código Penal data de 1995. Desde entonces, se ha mantenido invariable el plazo de prescripción de los delitos fiscales: cinco años. Es ahora cuando se plantea su cambio, en plena negociación de un nuevo proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. Hasta después del verano no se conocerá la resolución, pero se considera muy probable la aprobación de un incremento del plazo de prescripción del delito fiscal, que pasaría de los actuales cinco años a diez.
En cuanto a las sanciones, el proyecto de modificación mantiene la pena de multa, de hasta seis veces lo defraudado, pero plantea incrementar la pena de prisión de uno a seis años. Al aumentar ésta, el plazo de prescripción subiría a diez años, ya que el artículo 131 del Código Penal establece este periodo para los delitos que tengan fijada una pena máxima de entre cinco y diez años de prisión.
Se considera delito fiscal el fraude por importe superior a 120.000 euros. Sin embargo, un caso particular, que sin alcanzar esta cantidad tiene las mismas penas que el fiscal, es el cometido por un contribuyente que obtiene una subvención, desgravación o ayuda de las administraciones públicas superior a 80.000 euros tras falsear las condiciones requeridas para su concesión u ocultar otras que la hubiesen impedido. Se castiga -como el delito fiscal- con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de hasta seis veces lo defraudado.
Se castigará de igual manera al contribuyente que obtenga de modo indebido fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros, administrados por más de 50.000 euros, del mismo modo citado antes.
Si la cantidad defraudada a la Hacienda Pública es inferior a 120.000 euros, se comete una infracción administrativa o tributaria. La prescripción administrativa es de cuatro años en el territorio general y de tres años, en País Vasco. En este caso, no hay ningún proyecto de modificación de la ley actual pendiente de aprobación. Todo lo relativo a las infracciones administrativas se legisla en la Ley General Tributaria, del 17 de diciembre de 2003.
Cualquier impago de un impuesto a la Hacienda Pública se considera como una infracción administrativa y supone el pago de la sanción correspondiente. Además, se considera infracción no presentar la Declaración de la Renta a tiempo, ocultar datos en el IRPF o cometer errores en su preparación, como anotar datos en casillas que no son las correspondientes.
Hacienda entiende que hay ocultación de información a la Administración tributaria cuando no se presentan declaraciones o se hace con hechos u operaciones que no se han llevado a cabo, así como importes falsos. Lo mismo ocurre si se omiten de manera total o parcial operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria.
Las sanciones que aplica la Agencia Tributaria ante infracciones administrativas son de tres tipos: leves, graves o muy graves. Para calcular a cuánto asciende la multa, hay que conocer cuál es la base de la sanción, es decir, la cantidad que se ha defraudado:
Si es inferior o igual a 3.000 euros, la multa será leve.
Si lo supera, se considerará grave o muy grave, en función de determinados agravantes.
