El Ministerio de Industria Turismo y Comercio ha pedido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que realice antes del 1 de enero de 2012 un estudio sobre la utilidad práctica del uso de contadores inteligentes para el gas en el ámbito del suministro doméstico y comercial, así como de la extensión de la obligación de los consumidores industriales de disponer de equipos de telemedida para la lectura remota de consumo de gas. Esta orden se recoge hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La aplicación de la tecnología de la informática y las telecomunicaciones en el ámbito del suministro doméstico de gas y de electricidad «se ha materializado en el desarrollo de contadores inteligentes con nuevas capacidades de comunicación tanto con las empresas distribuidoras como con los propios consumidores». Sin embargo, su alto coste hace necesario un análisis previo sobre el coste-beneficio de su implantación.
Según Industria, el establecimiento de los contadores inteligentes afectará tanto al precio del suministro que soporta el consumidor final, como a la gestión técnica de la red y condicionará las relaciones futuras entre consumidores, distribuidores y comercializadores. Además, contribuirá a la mejora de la eficiencia energética.
El estudio de la CNE incluirá un análisis de los costes y beneficios y una propuesta de implantación, que abarcará al menos umbrales mínimos de consumo, prestaciones de los equipos, compatibilidad con otros contadores, interoperabilidad con equipamientos informáticos y electrónicos domésticos, modalidades de uso (propiedad y arrendamiento) y aplicación de protocolos de comunicación normalizados.
También se contempla un análisis sobre la conveniencia de la ampliación del número de equipos de medida en los puntos de conexión de la red de transporte con la red de distribución, así como en los puntos de conexión entre distribuciones en cascada. Se realizará una evaluación de los costes y beneficios y una propuesta de implantación, que incluirá al menos umbrales mínimos de consumo y de población de los municipios.
La petición de Industria a la CNE forma parte de un orden (ITC/1890/2010, de 13 de julio), cuya finalidad es adaptar la fórmula de cálculo de la tarifa del gas natural para evitar distorsiones. Se propone reemplazar la correlación entre el IPC y el Índice de Precios Industriales (IPRI) por el valor de la anterior actualización.
