Justicia prepara una ley destinada a regular la investigación con ADN

El ministerio anuncia la creación de una comisión que estudiará ese nuevo marco legal para el uso de las pruebas en el ámbito criminal
Por EROSKI Consumer 7 de septiembre de 2002

El ministerio de Justicia abordará una nueva legislación sobre la tecnología del ADN que regulará el uso de las pruebas en la investigación criminal en todo su proceso, el cual abarca desde la recogida de muestras hasta la custodia y el análisis. Una comisión dará los pasos hacia ese nuevo marco legal que desembocará en la creación de una agencia que gestionará una base de datos nacional de perfiles genéticos. Este proyecto fue anunciado ayer en La Magdalena por el director general para la Modernización de la Administración de Justicia, Alberto Dorrego quien participó, junto a diversos especialistas de genética forense y responsables del servicio de criminalística de la Guardia Civil, en el foro ‘Nuevas tecnologías aplicadas al procedimiento judicial’.

En las próximas semanas, el ministerio creará una comisión de especialistas para afrontar el camino hacia ese nuevo marco legislativo que permitirá estudiar los aspectos que debería recoger la regulación ‘ad hoc’ a las investigaciones con ADN y el uso de las bases de datos de perfiles genéticos, aplicados a la justicia.

Esta legislación que busca poder evitar disfunciones afrontará cómo deben efectuarse los procesos de recogida de muestras, debe regular asimismo, la cadena de custodia durante el tiempo en que esas muestras estén siendo analizadas, y debe establecer unos parámetros de calidad en su análisis. Otras implicaciones refieren que este nuevo ámbito legal comprende «un proceso de homologación y acreditación de los laboratorios para que las investigaciones se desarrollen bajo criterios científicos y garantizando la certeza de los resultados para su utilización en procesos judiciales». En estos momentos, las cifras revelan que existen treinta y dos laboratorios del Ministerio que acogen, según estimaciones, -no datos exactos-, más de 50.000 perfiles genéticos. La comisión estará configurada por diversos expertos en genética de cuerpos de seguridad, diferentes universidades y organismos públicos para trabajar en la legislación específica. España es uno de los escasos países donde aún no se ha abordado, pese a que, según señaló el director general, existe una investigación «continua de gran calidad».

Cada laboratorio tiene su propia base de datos con los perfiles genéticos que han ido identificando a lo largo de sus años de trabajo en este campo, pero no existe una coordinación fundamentada legalmente y por ello, se carece de normas a la hora de determinar la custodia de esos perfiles genéticos, o su utilización y con qué garantías.

A juicio de los expertos, es necesario ser «extremadamente cuidadosos para preservar la intimidad de la persona y para respetar también los derechos fundamentales y el marco constitucional».

El presidente de la Asociación Internacional de Genética Forense, Angel Carracedo, y el presidente del Grupo Español y Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forenses, Oscar García, mostraron ayer su satisfacción por el plan de la Administración central y recalcaron la importancia de transmitir que las pruebas se basan exclusivamente en los marcadores del ADN que permiten identificar a una persona, pero nunca información genética sobre sus caracteres físicos o sobre su salud. La futura Agencia Nacional podría encargarse tanto de «homologar a los laboratorios, como de velar por la certeza de las pruebas y establecer protocolos de seguridad». Antonio Alonso, Facultativo del Instituto de Toxicología, recordó que la separación de los perfiles en distintos laboratorios impide el contraste de datos, por lo que es preciso «aglutinar y organizar toda la información de perfiles genéticos existentes en el país».

Por su parte, Benigno Pendás, Letrado de las Cortes Generales, también se mostró partidario del marco legal pero subrayó la importancia de hallar «un equilibrio entre eficacia y garantías, bajo estricto control judicial».

Carracedo aludió a la necesidad de realizar «inversiones más importantes en nuevas tecnologías en estos campos de investigación y destinar también más dinero a I+D». Como ejemplo, recordó que Gran Bretaña dedica a investigación tanto presupuesto como en España para toda la medicina forense.

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