Un grupo técnico del Consejo de la UE examinará en septiembre y octubre las respuestas de los Quince a un cuestionario remitido por la presidencia danesa sobre retención y acceso a los datos de las comunicaciones de todos sus ciudadanos para investigar los delitos más graves.
El pasado junio, la presidencia danesa de la UE presentó una propuesta de conclusiones del Consejo de la UE que, partiendo de la base de que «la información referente al uso de las telecomunicaciones es ahora una herramienta especialmente importante e útil en la investigación y represión de organizaciones criminales», señala que «la confidencialidad de las telecomunicaciones sólo puede ser restringida cuando es necesario para salvaguardar los intereses nacionales, la seguridad nacional o para investigar delitos graves».
Esta propuesta más genérica «está siendo considerada» por el Grupo Multidisciplinario sobre Crimen Organizado, que depende de los ministros de Interior y Justicia de la UE, y «no es probable que esté lista para su adopción antes de noviembre de 2002», declaró en un comunicado el ministerio danés de Justicia.
Fuentes del Ministerio de Justicia de Dinamarca, que preside la UE este semestre, precisaron ayer que «no hay otras propuestas sobre la mesa sobre la retención de datos y la presidencia danesa no está confeccionando tales propuestas».
Reconocieron, sin embargo, el envío el pasado día 14 a sus socios de un «cuestionario sobre la retención de datos» con preguntas sobre el marco legislativo de las intervenciones de llamadas y la retención de datos de comunicaciones en cada país, el balance de tales prácticas, en qué punto se encuentra el «diálogo con la industria» de telecomunicaciones sobre el particular y las «perspectivas» que desearían ver realizadas. «Según las respuestas que vayan llegando, veremos si hay que dar más pasos», apuntaron las mismas fuentes desde Copenhague.
«Es cierto, no hay una propuesta sobre la mesa sino bajo la mesa», replicó ayer Tony Bunyan, responsable de la organización de defensa de los derechos civiles Statewatch, que publicó esta semana en su página de Internet el borrador confidencial de un «acuerdo marco» que presenta las bases de una armonización de estas prácticas. Ello obligaría a crear unos registros informáticos por parte de las empresas de telefonía y los proveedores de Internet o bien de «terceros», según la propuesta no oficial.
Fuentes comunitarias consultadas atribuyeron la propuesta al Gobierno belga, que presidía la UE durante los atentados del 11-S y que mantuvo este encargo en el semestre de presidencia española de la Unión Europea. «En la dinámica actual, no es inusual que una presidencia asuma un tema más allá de su semestre», comentaron, matizando que «este borrador será, por supuesto, enmendado por los demás países».
Las mismas fuentes informaron de que ya hubo consultas entre los Quince sobre su contenido la pasada primavera, en particular, con el Reino Unido, el país que dispone de una normativa más elaborada sobre retención de datos.
Pero en ese mismo momento, el Parlamento Europeo debatía precisamente una eventual modificación de la directiva comunitaria sobre el carácter privado de las telecomunicaciones de 1997, que obliga a los operadores de telefonía e Internet a borrar los registros de llamadas. Y optaron por la discreción.
