La Seguridad Social está enviando a más de dos millones de pensionistas una carta informativa junto con el certificado acreditativo de su condición de perceptores de pensiones mínimas, que les permitirá solicitar la congelación del recibo de la luz hasta el año 2012. Prácticamente la mitad, alrededor de 900.000, han recibido ya esta comunicación.
El llamado «bono social» se establece en la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 7 de mayo de 2009, por la que se adoptan determinadas medidas en el sector energético.
Podrán beneficiarse de la congelación de la tarifa eléctrica los pensionistas mayores de 60 años por jubilación, viudedad o incapacidad permanente que perciban las cuantías mínimas, ya sean titulares con cónyuge a cargo o sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y los de pensiones no contributivas.
Para tener derecho a esta bonificación, los beneficiarios tendrán que presentar sus solicitudes a las compañías comercializadoras de la energía eléctrica, personalmente o mediante el envío de fax, correo electrónico o postal. Además de cumplimentar los modelos de petición, deberán aportar, entre otros documentos, el certificado expedido por la Seguridad Social. La congelación del recibo surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud.
Además de los perceptores de pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social, podrán beneficiarse del «bono social» las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro que reúnan los requisitos exigidos.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha emitido un informe en el que considera contrario a la normativa eléctrica el traspaso unilateral de usuarios a comercializadoras que no aplicarán la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno, según ha informado la organización de consumidores FACUA. El regulador considera que este traspaso es un trato “discriminatorio” que “genera indefensión”, por lo que insta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a que tome medidas al respecto, afirma FACUA, que denuncia que esta irregularidad afecta a miles de usuarios.
Y es que un elevado porcentaje de consumidores que actualmente no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España -Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa- no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso -que aplicarán la TUR y el “bono social”-, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre.
La indefensión en la que quedarían estos clientes “consiste en que a los consumidores con derecho a suministro de último recurso traspasados al mercado, a diferencia de lo que sucede con los traspasados automáticamente a un CUR (Comercializador de Último Recurso), se les exige la carga de conocer el funcionamiento de un sistema complejo, en un escaso periodo de tiempo, lo cual parece desproporcionado, y de acudir a un CUR para contratar el suministro”, explica la CNE.
El organismo regulador concluye, por tanto, que Industria debe proporcionar “de forma inmediata una comunicación transparente de que la única interpretación posible de la norma es que el traspaso por defecto del consumidor que no haya elegido, deba hacerse necesariamente a un CUR, independientemente de quien sea su distribuidora”.
