El trabajo en negro supone un grave perjuicio para la economía de un país. Más si cabe, cuando se está en crisis, como sucede en España. Por ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social profundizará a partir de agosto en sus labores de control de la economía sumergida. El plan se aplicará de modo gradual y su principal efecto sobre los empleados será un mayor control para evitar que compatibilicen el cobro del seguro de desempleo con el de otras actividades sin declarar. Aunque en una primera etapa los empresarios podrán blanquear a sus trabajadores no declarados sin tener que pagar multas, las sanciones para empresas y trabajadores se encarecen hasta un 300% en algunos casos.
Multas más duras por economía sumergida
Tras arduas negociaciones y diferencias entre Gobierno, patronales y sindicatos, a principios de mayo entró en vigor el plan contra el empleo sumergido. Las medidas plantean un nuevo escenario para trabajadores y empresarios, en un contexto de plena crisis. Los principales efectos para ambos son el incremento de las multas cuando se detecte trabajo en negro, algo que requerirá un gran número de inspectores en las calles.
El plan pretende la regularización laboral de una gran parte de la economía que opera en la sombra. El impacto de esta, según el sector desde donde se evalúe, varía entre el 8% y el 20% del Producto Interior Bruto español. Para remediar esta situación, el Gobierno ha dispuesto que los empresarios que regulen la situación de sus trabajadores hasta el 31 de julio, no recibirán sanción ni tendrán que desembolsar el dinero de los atrasos en el pago de la Seguridad Social. De esta manera, el Plan hará «tabula rasa» y el trabajador empezará a cotizar desde el momento de su regularización.
Novedades para los trabajadores
Trabajo tratará de evitar que un desempleado cobre el paro y otras actividades sin declarar
Las consecuencias del nuevo plan contra el empleo sumergido para los trabajadores son visibles y drásticas. Si bien es un fraude, lo cierto es que ante la situación de crisis de empleo, la compatibilización del cobro del paro con trabajos sin declarar es una de las herramientas con que cuentan los españoles para paliar la falta de trabajo.
Pero con las nuevas medidas para luchar contra el empleo sumergido, los trabajadores que tengan actividades sin declarar paralelas al cobro del seguro de desempleo se encontrarán con una nueva arma disuasoria: las multas se encarecen para ellos con más fuerza aún que para los empresarios. Las nuevas sanciones pasarán de 6.251 euros actuales a 10.000 euros a partir del 31 de julio. El máximo, en cambio, se queda como está: 187.515 euros.
Nuevas condiciones para los empresarios
Las nuevas reglas buscan facilitar a las empresas el alta de sus empleados. En un principio, el plan contemplaba facilidades para el cobro de las mensualidades atrasadas, pero luego se dio marcha atrás y se decidió partir de cero en el cobro de los tributos a partir del momento de la declaración de los empleados.
Como contrapartida, se han incrementado de manera considerable las multas para las empresas que infrinjan la Ley de Empleo desde el 31 de julio. Mientras que hasta ahora la multa mínima para una empresa descubierta con empleos sumergidos era de 626 euros, a partir de agosto, esta cantidad se multiplicará hasta alcanzar 3.126 euros. La sanción máxima subirá también, de manera considerable, desde los 6.250 euros actuales hasta los 10.000 euros que contemplan las nuevas medidas.
Se han incrementado de manera considerable las multas para las empresas que infrinjan la Ley de Empleo desde el 31 de julio
Desde la perspectiva de las empresas, el nuevo plan no tiene solo efectos sancionadores. La cuestión de la igualdad en la competencia es una de las principales ventajas para los empleadores.
No compite de igual modo en el mercado una compañía que paga a la Seguridad Social por todos sus trabajadores, que una que utiliza los costes laborales como variable de ajuste de sus costos generales. Sin embargo, a pesar de que la ley es ventajosa desde el punto de vista del saneamiento de la situación irregular, el diseño del plan no se ha visto con buenos ojos desde todo el espectro empresarial. Uno de los puntos controvertidos es el hecho de que se brinden incentivos para empresas que han incumplido la ley, algo que no es del agrado de quienes han cumplido con la normativa.
Aspectos fiscales, sin contemplar
El decreto ley se centra solo en medidas laborales, sin la inclusión de aspectos fiscales, necesarios en opinión de asociaciones como la CEOE o Cepyme. Estiman que no se han tenido en cuenta diferentes variables encaminadas a demostrar el fraude, así como su repercusión o a cuántos trabajadores afecta.
El incremento de las multas que se imponen a las compañías con empleo sumergido ha sufrido un rechazo generalizado por parte del sector empresarial. El argumento desplegado por algunos es que ello aumenta responsabilidades que no competen en exclusiva al empresario, sino también a la Inspección.
