Los cerca de 60.000 alumnos que estudian sexto de Primaria en los 1.153 colegios públicos, privados y concertados de la Comunidad de Madrid realizarán hoy una prueba de nivel elaborada por la Consejería de Educación, con el fin de averiguar su grado de conocimiento al finalizar este ciclo educativo.
Concretamente son dos exámenes de 45 minutos cada uno, en los que se realizarán preguntas a estos alumnos sobre materias que la Consejería considera «básico» conocer para entrar en la Educación Secundaria, como cuestiones de cálculo, comprensión lectora, dictados y análisis de texto.
Los exámenes los llevará a cabo personal de la Dirección General de Ordenación Académica de la Comunidad de Madrid, los corregirán profesores y, según la Consejería, los resultados no tendrán valor «muestral», sino solo «censal», o lo que es lo mismo, no serán evaluables y, por tanto, no tendrán repercusión en el expediente académico del alumno ni afectarán al colegio.
Se trata, según señalaron tanto el consejero de Educación madrileño, Luis Peral, como la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, de un «muestreo» que forma parte del plan de prevención del fracaso escolar que elabora la Consejería de Educación madrileña y cuyos resultados serán confidenciales, aunque los padres y madres de los chavales podrán tener, si lo desean, acceso a las calificaciones que hayan obtenido sus hijos.
La oposición, diversas asociaciones de padres y madres de alumnos, algunos profesores, sindicatos de enseñanza y grupos de psicopedagogos de la Comunidad han expresado su rechazo a esta prueba por considerarla «innecesaria».
El rechazo puede llevar a que algunos padres y madres se nieguen a enviar a sus hijos al colegio para que no tengan que pasar dicha prueba, como han advertido varias escuelas.
Por su parte el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha manifestado que los padres están «obligados» a mandar a sus hijos al colegio. De igual manera ha declarado que los padres son «los que más van a agradecer» que se practiquen estos exámenes, a la vez que informó que esta prueba es legal y que su realización se contempla en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación del Gobierno socialista.
