El Gobierno priorizará el uso de las centrales de ciclo combinado de gas frente a las más tradicionales de carbón para cumplir con las exigencias derivadas del Protocolo de Kioto. Así se desprende del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2) para el periodo 2005-2007, presentado ayer por España ante la Comisión Europea, que contempla la eficiencia energética como el criterio principal en el reparto de derechos. No obstante, «por criterios económicos», se mantendrá un peso considerable de las centrales más tradicionales.
El informe, elaborado por los ministerios de Economía, Industria y Medio Ambiente, no cuantifica los costes derivados de la aplicación del plan. No obstante, desde Medio Ambiente se estima en 90 millones de euros anuales la inversión que habrá de realizar la industria española para cubrir sus necesidades de emisión. Se prevé que un 7% de los derechos se adquieran en el mercado europeo a partir del 1 de enero de 2005, sin distinción entre países o sectores.
La presentación del plan ha cumplido al final con la prórroga dada desde Bruselas, lo que ha evitado la apertura de un expediente. Sin embargo, esas prisas han impedido que se concreten asignaciones y costes. El Gobierno ha preferido optar por el modelo alemán, de forma que la asignación final de derechos se producirá después del 30 de septiembre y serán las empresas las que la soliciten.
El documento presentado limita a 161,25 millones las toneladas de CO2 anuales asignadas a la industria española entre 2005 y 2007. De esta cifra, 86,4 toneladas corresponden al sector de la generación eléctrica, siete menos que la previsión existente en un principio para ese periodo y tres menos que la media de emisión recogida entre 2000 y 2002. Desde Industria se justifica esa «clara» reducción en que la tarifa de este sector entra menos en competencia que en otros sectores.
Lo que aún no está definido es la distribución concreta de esos derechos (de cuántas toneladas dispondrá al final cada empresa), aunque sí como se hará. El reparto será central por central y no por tecnologías. No obstante, fuentes gubernamentales lanzaron un mensaje claro de que las instalaciones de ciclo combinado (gas) «tendrán un mayor peso relativo», lo cual favorecería la tesis de Iberdrola frente a Endesa y Unión Fenosa. Las comunidades autónomas concederán los derechos, pero éstos se darán conforme a los registros anuales de emisión de gases contaminantes que tiene el Estado.
Aumento de la tarifa
En cuanto a la tarifa eléctrica, Montilla descartó que vaya a subir más del 2%, en 2005, debido a la aplicación de la directiva europea sobre Kioto. No obstante, se maneja la hipótesis de que la factura pueda crecer entre un 0,5% y un 1,5% más por encima del aumento del 2% anual previsto hasta 2010.
El ministro apuntó, en cualquier caso, que en el objetivo de reducción de consumo energético que la Unión Europea y España se han planteado hasta 2012, no se pueden descartar subidas de la tarifa a medio y largo plazo.
