Las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF/Adena y FERN y varias empresas del sector forestal, como BandQ, Homebase y Habitat (británicas), Castorama (francesa), IKEA y Skanska (suecas), Unital (Unión de empresas madereras italianas), JYK Nordic (danesa) o Puertas Luvipol (española), han exigido a la Unión Europea (UE) que cambie la legislación actual y prohíba las importaciones de madera procedente de la tala ilegal.
Las agrupaciones abogan por una normativa que defienda una competencia justa y mercados sostenibles, según explican en el comunicado conjunto que se ha difundido en la conferencia sobre «Madera ilegal, gobierno y comercio», que han organizado FERN, Greenpeace y WWF/Adena en el Parlamento Europeo.
El responsable de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, asegura que «los bosques de muchas regiones del planeta están siendo asolados por intereses económicos de unos pocos». Por ello hace hincapié en la necesidad de «actuar urgentemente para garantizar una gestión sostenible de este bien común, con la plena implicación de las poblaciones locales y dentro del marco del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza».
Por su parte la ecologista Beatrix Richards, de la Oficina de Política Forestal Europea de WWF, ha declarado que la UE tiene que asumir su responsabilidad para detener estas actividades porque es «uno de los mayores importadores de madera ilegal».
El comunicado critica que las talas ilegales contribuyen en gran medida a la destrucción de la biodiversidad y al empobrecimiento de millones de personas que dependen del bosque para obtener alimento e ingresos, además de agravar conflictos sociales y estar asociadas al crimen organizado.
En este sentido el director de la Federación Alemana de Importadores de Madera, André de Boer, ha declarado que «las importaciones baratas de madera ilegal y el incumplimiento de algunos requisitos sociales y medioambientales básicos desestabilizan los mercados internacionales, amenazan a los empleos y crean competencia injusta».
Aun así, las organizaciones ecologistas recuerdan en el escrito que las extracciones insostenibles de madera y su comercialización pueden ser tan destructivas como las de madera ilegal, y que, por lo tanto, es necesario que la UE tenga claro que acabar con las talas ilegales es sólo el primer paso para conseguir una gestión forestal sostenible.
Bruselas desarrolló hace dos años un Plan de Acción para el cumplimiento de la legislación forestal, buen gobierno y comercio. Esta iniciativa se presentó al Consejo Europeo con acuerdos comunes voluntarios con los países productores para mejorar la gestión en el sector forestal y poner en práctica un sistema de trazabilidad que asegure que en la UE sólo entra madera legal. A pesar de las posibles ventajas de esta idea, las ONG y la industria creen que «es una medida insuficiente para atajar el problema».
