El medio ambiente cuenta en España con un buen número de leyes protectoras, muchas nacidas de las exigencias ambientales europeas, pero aún estamos lejos de una aplicación ejemplar de las nuevas normativas y de cumplir con los compromisos medioambientales asumidos. Básicamente, éste es el análisis que hace el Observatorio de Políticas Ambientales en su informe 2007, que fue presentado ayer.
Este informe, realizado con las aportaciones de 40 profesores y especialistas de 25 universidades españolas, evalúa las políticas públicas en materia de medio ambiente y descubre una característica común: tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas aprueban leyes y asumen sus mandatos pero no los cumplen. A menudo, dice el Observatorio, debido a las «tensiones sectoriales» y a los distintos intereses económicos que se sienten amenazados cuando se endurecen las exigencias ambientales. Por eso, insta a armonizar la actuación de los sectores agrícola, industrial, minero, urbanizador y otros «con los intereses públicos de protección del medio ambiente».
En el ámbito autonómico, el informe aprecia diferentes niveles de implicación en materia de medio ambiente, ya que hay comunidades autónomas más y menos activas en la protección ambiental. Aunque tres autonomías han aprobado leyes de protección del medio ambiente (Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana), el estudio constata que en el plano ejecutivo existe una tendencia generalizada por las actuaciones de la denominada «línea verde» (protección de espacios y especies) frente a la «línea azul» (lucha contra la contaminación).
Las leyes no bastan
El director del Observatorio de Políticas Ambientales y coordinador del análisis, Fernando López Ramón, alertó de la disociación entre la teoría predicada en la normativa y la aplicación efectiva, que se da tanto a nivel estatal como autonómico y que es «particularmente peligroso» en materia de medio ambiente.
El estudio subraya la «especial debilidad» exhibida por las distintas administraciones públicas en la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono (CO2), y el incumplimiento sistemático de los objetivos de reducción fijados para España por el Protocolo de Kioto.
Pese a destacar medidas «positivas», como la creación de fiscalías especiales de Medio Ambiente, el informe evalúa las políticas públicas de medio ambiente y define una «peligrosa característica común» del sistema jurídico español que no se cumple debido a las «tensiones sectoriales» y a los distintos intereses económicos que se sienten amenazados.
El Observatorio de Políticas Ambientales en su informe 2007 concluye que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas aprueban leyes y asumen sus mandatos pero no los cumplen
Ante esta situación, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo que es urgente «un cambio de paradigma». Las leyes y la acción pública de las administraciones son imprescindibles pero no bastan. «Necesitamos ciudadanos que no sólo tengan información, sino también conocimientos para poder formarse una opinión que pueda ser rigurosa», apuntó Narbona, quien destacó que cada vez más españoles saben «que se puede crecer sin contaminar y sin destruir tanto».
Tras constatar el alejamiento de España de los objetivos del Protocolo de Kioto, el estudio considera que su cumplimiento «es ineludible y puede obligar a la adopción de políticas reguladoras más estrictas, que superen incluso el marco de actuación dejado al juego del mercado de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero».
En último lugar, y a pesar de todo lo expuesto, el director de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, destacó avances como la inclusión en marzo de 2008 de un «índice de sostenibilidad» en la Bolsa Española.
