«El uso de grano envenenado con el fin de erradicar a los topillos tiene un evidente riesgo para la salud pública y la supervivencia de numerosas especies protegidas», según denunciaron la Federación de Consumidores en Acción (Facua) y diversas asociaciones conservacionistas, como Adena o Ecologistas en Acción, que solicitaron a la Junta de Castilla y León «la paralización inmediata de esta medida, por un elemental principio de precaución».
Y es que la Junta reconoció la semana pasada que no puede garantizar que el grano envenenado que se está distribuyendo en más de 600 municipios de la región no sea accesible a especies distintas al topillo, argumentaron Facua y los conservacionistas a este respecto. La técnica empleada para la colocación del veneno «no es la adecuada, ya que se ha observado que el grano se sale de los tubos», apuntaron las citadas fuentes.
«La Administración regional no ha tenido en cuenta los informes elaborados por la Universidad de Murcia y la de León, en los que se advertía del riesgo para la salud humana que podría provocar la ingesta de animales afectados por clorofacinona», indicaron las asociaciones denunciantes. Este riesgo se extiende a los perros de caza que «podrían consumir con facilidad los roedores y otras especies silvestres intoxicadas», detallaron. Los denunciantes indicaron que «un problema añadido es el riesgo existente para las especies predadoras que consumirán los topillos intoxicados y morirán».
Tanto Facua como las asociaciones conservacionistas recordaron además que el veneno utilizado en el regadío «puede acabar en las hortalizas cultivadas, al incorporarse rápidamente al suelo a través del riego y ser absorbido por las plantas».
