El Gobierno quiere alcanzar acuerdos para pactar la asignación de los derechos de emisiones contaminantes y evitar que, por esta causa, se produzca una deslocalización industrial entre comunidades. Según ha adelantado el secretario de Estado de Energía, José Folgado, el plan de asignación de los derechos de emisión, en aplicación de las directivas comunitarias, será compatible con la consolidación de las empresas en todos los territorios, pero también premiará los esfuerzos llevados a cabo por cada una de ellas, y estará orientado a la reducción efectiva de la contaminación. Las empresas no deben dar por descontado que las multas por incumplimiento las pague el Estado.
No va a ser una negociación fácil, porque en ella contarán los precedentes históricos, pero también los esfuerzos recientes. Al igual que otros gobiernos nacionales, el Ejecutivo tiene la posibilidad de asignar el 90% de estos derechos de emisión de manera gratuita, y asignará el resto mediante subasta pública.
En España, las emisiones de gases contaminantes hay que atribuirlas, en un 78%, a la producción y al consumo energético, si bien la proporción relativa no se corresponde exactamente con el desarrollo industrial de las regiones, porque hay empresas contaminantes que producen en un entorno y tienen destinos geográficos distintos, como ocurre con las centrales térmicas convencionales.
España firmó el protocolo de Kyoto y se comprometió, con ello, al objetivo comunitario de fijar en un 8% la reducción de emisiones de CO2 en la Unión Europea entre 2008 y 2012. Desde el punto de partida de su menor desarrollo, España logró una ventaja de salida que le autorizaba el 15% de aumento, dentro de un sistema de cuotas de carácter asimétrico, que debía permitir el cumplimiento del proyecto en los países menos prósperos.
Pero ya en 2000 había gastado el crédito obtenido tomando como base las emisiones de 1990. Si el mercado europeo de emisiones de CO2 -una figura creada para la negociación de intercambios comunitarios- hubiera estado en funcionamiento, España habría sido compradora de derechos de emisión sobrantes. Los informes de los expertos añaden que, junto a Portugal, Bélgica, Holanda e Italia, ha sido uno de los países que menos se han esforzado en mitigar sus emisiones.
Ahora mismo, España pertenece al grupo de países que mantiene sus emisiones de CO2/ PIB por encima de la media ponderada europea y que, por añadidura, tiende a aumentar esa diferencia.
