Las deficiencias en la gestión de los bosques protegidos en todo el mundo fomentan las amenazas que pesan sobre ellos, como el furtivismo, la invasión agrícola, las talas ilegales y la sobreexplotación de productos no madereros. Así lo pone de manifiesto un informe de la organización ecologista WWF/Adena presentado ayer en el marco de la VII Conferencia del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla hasta el próximo 20 de febrero en Kuala Lumpur (Malasia).
Para elaborar este informe, científicos de WWF/Adena, en colaboración con el Banco Mundial y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, han realizado un seguimiento de unos 200 bosques de 34 países del mundo durante los últimos cinco años.
Las conclusiones de este trabajo revelan que los problemas que más se repiten en los bosques protegidos «son la vulneración de los derechos de los indígenas y las poblaciones locales, la falta de planificación, seguimiento y aplicación de la ley -generalmente no se aplican las sanciones- y la falta de fondos» presupuestarios.
El hecho de que no se apliquen las sanciones «desmotiva a los guardas forestales y fomenta los actos ilegales de grupos criminales, como los implicados en el tráfico de especies amenazadas», afirma la organización ecologista.
Además, «sólo el 12% de las áreas protegidas del mundo tienen un plan de gestión aprobado» y la insuficiencia de fondos provoca una «falta de personal y de capacidad» que hace que estas zonas «sean más vulnerables a los problemas».
Soluciones urgentes
Ante esta situación, WWF/Adena pidió a los países que participan en la Conferencia que «reconozcan y respeten los derechos de las poblaciones locales y las comunidades indígenas», que aumenten los fondos necesarios para una «gestión efectiva» de sus áreas protegidas y que «aborden urgentemente el tema del furtivismo, la invasión agrícola y las talas ilegales».
Asimismo, la organización reclamó un mayor reconocimiento del «papel fundamental que desarrollan la guardia forestal y los educadores medioambientales», y solicitó a los países firmantes del CDB que «evalúen la efectividad de la gestión en al menos el 30% de sus zonas protegidas hasta 2010».
