El proyecto de la futura Ley de Montes solventó ayer su trámite en el Congreso sin grandes cambios. El pleno aprobó un texto que impide la recalificación o el cambio de uso de terrenos forestales incendiados durante al menos 30 años para evitar la especulación. Además, crea una fiscalía para delitos ambientales y refuerza la autoridad de los agentes forestales.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó el impulso que la ley ofrecerá a la «gestión sostenible de nuestras masas forestales», y el endurecimiento de la lucha contra los incendios, provocados en un 90%, y la desertificación.
El plazo mínimo de 30 años antes de poder cambiar el uso de un bosque incendiado -cada comunidad autónoma podrá elevarlo si lo desea- no es arbitrario, dijo la ministra. «Responde a criterios científicos sobre el tiempo que se necesita para la regeneración forestal de un terreno quemado», precisó.
En el plano judicial, el fiscal general del Estado nombrará un delegado, con categoría de fiscal de sala, encargado de impulsar la lucha contra los incendios, los delitos de ordenación territorial, protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. En materia de prevención, los agentes forestales verán reforzada su autoridad.
Usos ecológicos, sociales y culturales
La ley modifica la norma aprobada en 2003 por el Gobierno del PP e introduce elementos de nueva creación. Además de los mencionados, se establece la certificación forestal, que se reconoce como un instrumento voluntario y valioso para incrementar la gestión sostenible de los montes y bosques, y se crea un Fondo para el Patrimonio Natural, que actuará como un instrumento de cofinanciación y cohesión territorial, destinado a reforzar los usos ecológicos, sociales y culturales de los espacios forestales.
Para el PP, la ley incurre en un «intervencionismo intolerable», habida cuenta, dijo la diputada Mª Teresa de Lara, de que el 70% de la superficie forestal española es de propiedad privada. La diputada defendió además que fueran las comunidades autónomas las que decidieran el plazo de carencia durante el cual los terrenos quemados no puedan cambiar de uso.
Los grupos nacionalistas reclamaron a la ministra que durante el trámite en el Senado «ajuste» el reparto competencial que dibuja el proyecto de ley, aunque apreciaron la incorporación de 40 enmiendas de la oposición al texto original. Una de ellas, de ERC, fue aprobada por unanimidad y prevé la creación de un nuevo grupo de centrales eléctricas que utilicen como combustible principal la biomasa forestal procedente de limpiezas preventivas contra incendios y de la gestión sostenible de masas boscosas.
