Para evitar que los responsables de catástrofes como la del buque «Erika» o la más reciente del «Prestige» se zafen de la justicia, como ocurrió en el caso del vertido tóxico de Doñana, y con el objetivo de crear un marco europeo de reglas de juego ambientales para todos, el Consejo de Ministros de los Quince aprobará, previsiblemente en su reunión del 13 de junio, el texto de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental, que los socios llevan discutiendo una década. La frase que inspira esta normativa lleva muchos años tanto en el ideario político como en el ecologista: «quien contamina paga».
Toda una agenda gestada después de que se elaborara en 2000 el Libro Blanco sobre Responsabilidad Medioambiental. Su texto era ambicioso. Bajo los principios de «prevención, precaución y contaminador-pagador», el texto proponía que «sean los responsables de los accidentes quienes asuman los costes, aunque no quede probada su culpabilidad».
La futura norma, que podría entrar en vigor hacia 2004, irá acompañada por otras leyes (comercio de emisiones, estrategia sobre sustancias y preparados químicos) que ya han despertado los miedos y recelos de la gran industria. Asumir seguros de responsabilidad y lo que llaman los «costes ocultos», derivados de producir de forma más ecológica, le costará a la industria española más de mil millones de euros cada año.
La Federación Empresarial de la Industria Química española, el mayor incumplidor europeo del Protocolo de Kioto, ya advierte de que «entre 4.000 y 5.000 empresas pueden ver disminuida su competitividad y el empleo». Con ser importante, la cifra parece menor si se piensa en lo que la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que costará limpiar los parajes contaminados: entre 55.000 y 106.000 millones de euros.
Los escarceos en los entresijos europeos para conciliar todos los intereses en juego se sucederán hasta que se apruebe el texto definitivo: el pasado miércoles las cinco grandes ONG´s del ecologismo emitieron un informe denunciando el «descafeinamiento progresivo» de la directiva.
Interés español
España, el país con más biodiversidad y kilómetros de costas de Europa, es uno de los más interesados en blindar los derechos medioambientales. La responsabilidad penal por delito ecológico ya fue incorporada al Código Penal en 1995 e incluso ha habido condenas de cárcel. El propio proyecto de Ley de Responsabilidad Civil por actividades con incidencia ambiental lleva tres años esperando la aprobación del Parlamento Europeo. «El texto español es incluso más duro, pero habrá que acabar conciliando los intereses de todos», aseguran fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que reconocen la «inevitable» presión de la gran industria.
«El tiempo va siempre en contra del medioambiente. Con o sin legislación, no dejará de haber accidentes, pero unas personas son más responsables que otras», insistió la asesora legal de WWF/Adena, Rita Rodríguez. Hasta ahora, si una empresa provoca destrozos en una infraestructura pública debe cubrirla. Siguiendo con este razonamiento, «¿por qué debemos pagar a escote la contaminación medioambiental de una industria que beneficia a un sólo señor?», se cuestiona Rita Rodríguez.
En España, diversas comunidades autónomas han tratado de adelantarse a Europa con un añadido al citado «quien contamina, paga», con el «quien descontamina, cobra». Sin embargo, la plausible iniciativa choca con un hecho incuestionable: siempre ha sido más barato contaminar y pagar una hipotética multa (cuyo expediente casi nunca ha llegado al final, por lo que no se ha cobrado la sanción), que invertir en los costosos sistemas de reducción de emisiones.
