Si nos acercamos al aparcamiento de ciertos centros comerciales de España podremos observar un gran número de coches con el cartel «Se vende» y un número de teléfono móvil. Lo que hace años era un fenómeno aislado se ha convertido hoy en día en un lucrativo negocio ilegal de mafias que afecta a todo el país pero con especial intensidad a Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga, según los datos presentados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, GANVAM.
Según esta asociación, gran parte de estos vehículos proceden «de cualquier parte, España o el exterior y generalmente se encuentran sin revisar o incluso con averías». Los compradores tipo son personas con escasos recursos económicos, especialmente jóvenes e inmigrantes. Los vendedores no ofrecen contrato escrito, facturas ni garantías: «pago al contado, cobrar y desaparecer. Ante cualquier problema el vendedor ha desaparecido», aseguran desde GANVAM.
Los perjudicados por estas actividades ilegales son:
–El comprador, que habitualmente resulta estafado.
–La seguridad general, porque los vehículos están sin revisar.
–El usuario de la superficie donde se venden, al ocupar plazas de aparcamiento para su actividad ilícita.
–Las administraciones, ya que estos vendedores no abonan tasas municipales ni impuestos obligatorios.
–El sector de distribución de vehículos legalmente establecido, por competencia ilícita.
Las soluciones
En los últimos años GANVAM se ha reunido con alcaldes y responsables de Policía Municipal de los principales municipios del país. Luchar contra esta lacra requiere un cambio en las ordenanzas municipales que permitan a los agentes policiales retirar los vehículos que permanecen a la venta de forma ilegal.
La respuesta ha sido diversa. Según GANVAM, Alcorcón y Leganés han emitido sendos bandos; Alicante retira los vehículos según su Ordenanza de Tráfico; Barcelona sanciona por publicidad no autorizada sin la obligada licencia…La batalla no es fácil. Los vendedores ilegales aprovechan todos los límites y resquicios de la ley. Por ejemplo, en Madrid está permitido aparcar un vehículo durante siete días sin moverlo. En caso de superar este límite la sanción es de sólo 30 euros. Para imponerla, es necesario que un agente fotografíe el vehículo durante esos siete días para demostrar que no se ha movido. Por tanto, a las mafias les basta con cambiar sus coches de aparcamiento cada seis días.
El Ayuntamiento de Madrid está tramitando una modificación de la ordenanza que, previsiblemente, entrará en vigor después del verano. Su artículo 61, apartado 16, permitirá a la grúa municipal retirar los vehículos estacionados en la vía pública para su venta o alquiler.
El hecho de que la lucha contra la venta ilegal de vehículos dependa de cada ayuntamiento conlleva el peligro de la huida de las mafias a otros municipios vecinos que aún no hayan modificado su legislación.
La actividad denunciada por esta asociación de vendedores en ningún caso se refiere al ciudadano que vende su vehículo usado al comprarse otro nuevo, «algo totalmente lícito», según explican desde GANVAM, sino a quienes ejercen esta compraventa como actividad habitual y de forma ilegal.
