La decisión del Gobierno y el Parlamento noruegos de obligar a los médicos a decantarse por un tipo de medicamento para tratar la presión arterial alta ha reducido ligeramente el gasto sanitario por habitante, pero también ha demostrado ser una estrategia difícil de aplicar.
Investigadores noruegos han evaluado los efectos durante el primer año de la entrada en vigor de una nueva norma que obliga a los médicos de ese país a prescribir el tratamiento más barato -los diuréticos tiazídicos- para la hipertensión. Según el sistema noruego, no les será reembolsado el gasto de otros tratamientos más caros, a no ser que exista una razón médica para su elección.
El resultado ha sido un notable cambio en los hábitos de prescripción que ha supuesto un modesto ahorro durante el primer año de 0,13 euros por habitante. Al entrar en vigor la norma, uno de cada diez pacientes con presión arterial alta sin complicaciones recibía estos diuréticos al inicio del tratamiento, y un año más tarde la proporción se había elevado a uno de cada cuatro pacientes. Sin embargo, el 75% de los pacientes seguían sin ser tratados con estos medicamentos.
Bajo vigilancia
El equipo dirigido por Atle Fretheim que ha hecho la evaluación recuerda que la vigilancia del cumplimiento de la norma, que entró en vigor en marzo de 2004, fue mínima durante ese primer año y los médicos no fueron castigados por no cumplirla, lo que explicaría en parte que su efectividad fuera limitada. En teoría, un médico que no cumpla la norma puede perder el derecho a recetar medicamentos en el Sistema Nacional de Salud de Noruega, pero los investigadores recuerdan que eso no ha sucedido nunca.
La normativa ha provocado un cambio en los hábitos de prescripción que ha supuesto, durante el primer año, un modesto ahorro de 0,13 euros por habitante
El gasto en medicamentos para tratar la presión arterial alta es uno de los más importantes en un país desarrollado. En Noruega representa 180 millones de euros anuales, el 10% de la venta de medicamentos en el país, donde entre un 6% y un 10% de la población es tratada de esta afección. El ahorro conseguido fue de 0,58 millones de euros. El consenso médico es que no existe apenas diferencia en efectividad y seguridad entre los distintos tipos de medicamentos disponibles para la hipertensión, que se diferencian sobre todo en el precio, explican los investigadores en la revista PloS Medicine.
Un diurético del tipo tiazida puede costar diez veces menos que otro medicamento con la misma indicación, aunque este ahorro puede resultar contrarrestado en parte por la necesidad de administrar dos fármacos conjuntamente en vez de uno solo.
Analizando los resultados
Un aspecto importante del cambio en los hábitos de prescripción es si conllevaron efectos negativos en los pacientes. Para ello los expertos analizaron en qué grado se consiguió el objetivo de regularizar la presión arterial de los pacientes tras la implantación de la normativa. Los datos indican que a los cuatro meses de iniciar el tratamiento apenas hubo diferencias entre la situación anterior y posterior a la normativa. Antes, el 56,6% de los pacientes estabilizó sus cifras de presión y, después, el 58,4%, un porcentaje ligeramente superior.
En cuanto a la decisión de añadir otro medicamento al inicial en ese plazo, bajó ligeramente, del 24% al 21,8%. Tampoco se observó un incremento en los problemas cardiovasculares. Para estimar el efecto de la normativa, se siguieron 61 consultas de medicina general. El equipo coordinado por Fretheim recuerda que con anterioridad a esta norma obligatoria en Noruega, los intentos en éste y otros países de cambiar los hábitos de prescripción de los médicos se han centrado en influir en su comportamiento profesional más que en imponer un cambio de comportamiento, como es este caso.
Se ha recurrido a actividades educativas, auditorías, recordatorios sistemáticos o incentivos en forma de dinero. Una reciente revisión de la mayoría de estos intentos en el campo de los hipotensores ha concluido que sólo se obtienen pequeños cambios en los hábitos de prescripción (un máximo de un 10% en Noruega) y que el ahorro que representan es casi contrarrestado por el coste de las acciones que se llevan a cabo para conseguirlo.
Por ello, estos expertos sanitarios concluyen que las normas obligatorias constituyen una estrategia más eficaz en términos de coste-beneficio que las acciones que intentan influir en los médicos. Recuerdan, sin embargo, que la medida recibió muchas críticas de la clase médica porque se vio como una amenaza a la autonomía profesional. Otros médicos, sin embargo, recordaron públicamente que tienen la obligación ética de evitar gastos innecesarios para utilizar mejor los recursos limitados del sistema nacional de salud.
El tratamiento con medicamentos para bajar la tensión en ancianos de más de 80 años es muy beneficioso, según el primer gran ensayo clínico internacional. El resultado ha sido un número considerable de muertes y accidentes cardiovasculares evitados en aquellas personas que recibieron la medicación respecto a las que no la recibieron, de un total de 3.845 pacientes de 14 países, entre ellos España. Chris Bulpitt, del Imperial College de Londres, que ha dirigido el ensayo, asegura que «antes de nuestro estudio no estaba claro si los pacientes de más de 80 años se beneficiarían de un tratamiento para controlar su presión arterial de la misma forma que las personas más jóvenes».
Bulpitt añade que estos resultados suponen una gran noticia para las personas en este grupo de edad porque indican que el tratamiento no sólo les alargará la vida sino que disminuirá el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Debido a la claridad de las conclusiones emanadas hasta ahora y aunque todavía no se dispone de la totalidad de los datos, el ensayo clínico se ha suspendido antes de completarse, informa el Imperial Collage. El estudio se publicará próximamente.
