Tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, el proyecto de ley entró en la Asamblea de Extremadura el pasado martes para su tramitación. A favor de las uniones de hecho existe desde 1997 un registro autonómico, pero diversas regulaciones en otras regiones con rango de ley han animado al Ejecutivo regional a ir más allá y hacer lo mismo
El texto del proyecto de ley extremeña, dentro de las competencias legales de la Comunidad Autónoma, equipara a estas uniones de hecho con las de derecho, con los matrimonios.
La ley de Parejas de Hecho de Extremadura beneficiará a las 3.298 uniones de ese tipo que se estima hay en la Región, sólo el 7% de las cuales, 220, figuran inscritas en el Registro autonómico, debido a que hasta ahora apenas se les otorgaba derechos.
Actualmente hay ya ocho comunidades autónomas con leyes reguladoras, otras tres las tienen en trámite (Canarias, País Vasco y Extremadura) y todavía hay seis regiones sin regulación legal propia (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Rioja y Murcia). En España, la convivencia estable en pareja se ha ido normalizando en diversos textos legislativos en los últimos años, como el nuevo Código Penal, la ley de Arrendamientos Urbanos, la del Poder Judicial o la Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado.
El artículo 39 de la Constitución contiene la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. «En este artículo», se razona en la exposición de motivos del proyecto de ley extremeño, «no existe referencia a un modelo de familia determinado y predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por familia, de acuerdo a la realidad social actual y el resto del articulado constitucional referido a la persona».
La consejera de Bienestar Social, Ana Garrido, declaró que hay que «perfilar un nuevo modelo basado sólo en la solidaridad, el consentimiento, la afectividad…». Esa es la base del proyecto de ley, equiparar en derechos a las personas que simplemente deciden vivir juntas, con las que lo hacen unidas por el vínculo legal del matrimonio.
La falta de derechos, añade la consejera, es lo que ha hecho seguramente que sólo un 7% de las uniones de hecho existentes en Extremadura se hayan inscrito en el registro autonómico. Ahora, con la nueva ley, el figurar en ese registro otorga por fin derechos, aunque no aquellos que se escapan a la competencia legal de la Comunidad Autónoma, por ejemplo en cuestiones civiles, régimen económico, derechos de sucesiones y otros.
