Los investigadores podrán trabajar en España con células madre embrionarias. El Consejo de Ministros decidió ayer modificar la Ley de Reproducción Asistida de 1988 para que se puedan destinar los embriones sobrantes de la fecundación in vitro (FIV) a la investigación. La medida, explicó la ministra Ana Pastor, pretende «abrir una vía» a la lucha contra enfermedades hoy incurables.
La titular de Sanidad anunció que el Gobierno quiere que la reforma normativa se apruebe durante la actual legislatura. Además de dar luz verde a una línea de trabajo en la que los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. auguran «avances revolucionarios» para la medicina, la reforma persigue frenar la «acumulación indiscriminada» de embriones congelados en las clínicas. En cada proceso de FIV, se podrán fecundar como máximo tres ovocitos para implantar a la mujer en un mismo ciclo, aunque cuando existan dificultades añadidas podrán fecundarse más.
La ley de 1988 establecía que los embriones congelados no podían implantarse pasados cinco años desde su creación; pero no decía qué hacer con ellos una vez «caducados». Desde hace años, científicos de todo el mundo reclaman que los miles de embriones sobrantes de la fecundación in vitro se empleen como fuente de células madre, lo que permitiría avanzar hacia el tratamiento de patologías como la diabetes, el Alzheimer y el Parkinson, entre otras, y el trasplante de órganos creados en laboratorio.
Las células madre son capaces de dar lugar a cada uno de los más de 200 tipos de células que componen un organismo; existen en las primeras fases del embrión y, poco a poco, derivan en las especializadas. Los científicos quieren aprender a «programarlas» para formar los tejidos que se necesiten en cada momento.
El proyecto del Ejecutivo ofrece a las parejas cuatro posibilidades para sus embriones: mantenerlos crioconservados hasta que sean transferidos a la mujer -podrá solicitarlo durante toda su vida fértil, no sólo en los cinco años posteriores a su creación-; donarlos a otras parejas para fines reproductivos; permitir su descongelación -su destrucción- o autorizar su uso para experimentación.
Esta es, según Pastor, una iniciativa «respetuosa», al dar a los padres la última palabra, y «ética», porque no permite la manipulación de los embriones ni el lucro.
La decisión del Ejecutivo español llega quince días después de que la Comisión Europea decidiera financiar la experimentación con embriones congelados en los países que autoricen estas investigaciones.