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El Gobierno comienza la implantación de la nueva red de Medicina Legal en España

Pretende unificar y racionalizar las actividades clínico-jurídicas y forenses en todo el país

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 21 febrero de 2002
Dos ordenes ministeriales aprobadas hoy por el Ministerio de Justicia han supuesto el inicio de la creación de la red de Medicina Legal en España. Este proyecto comienza con la creación de los institutos de Medicina Legal de Aragón y Murcia, y a lo largo del año 2002 se prevé la creación del resto de los centros que conformarán la red en Asturias, Baleares, Extremadura, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, según ha informado dicho Ministerio en un comunicado.

Esta red de Medicina Legal, que cuenta con 20,8 millones de euros para su presupuesto de implantación, tiene como objetivo unificar y racionalizar las actividades clínico-jurídicas y forenses en toda España.

La misión de los institutos de Medicina Legal es auxiliar a la Justicia a través de los juzgados, tribunales, fiscalías y registros civiles centralizando las funciones que hasta hoy han venido realizando los institutos anatómico-forenses y las clínicas médico forenses, entre las que se incluyen la práctica de pruebas periciales, tanatológicas, clínicas y de laboratorio.

De esta forma, un único organismo en cada comunidad autónoma se encargará de reordenar y unificar la labor que hasta ahora desempeñaban varios centros. En este sentido, la nueva reordenación de la medicina legal pretende vincular a estos organismos con las universidades y todo tipo de centros docentes para propiciar los avances en la investigación en el terreno de la Medicina Forense.

Todo esto redundará en el ciudadano ya que con la nueva coordinación de estas actividades, el servicio público de la Justicia ganará en rapidez y eficacia ya que las pruebas periciales, claves en muchos procedimientos, se practicarán con mayor agilidad, afirma justicia.

Estos institutos se ubicarán en las capitales de provincia que sean sede de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Cada centro contará con un director, un consejo de dirección y tantas subdirecciones como provincias o partidos judiciales tenga la comunidad autónoma.

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