El desarrollo de las medidas económicas incluidas en Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos tendrá consecuencias «muy negativas» para el sector farmacéutico, según advirtió el pasado sábado en Bilbao el director general de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), Humberto Arnés, que citó entre ellas un posible «desabastecimiento» de medicamentos, la destrucción de empleo futuro, la deslocalización de inversiones o el propio «decrecimiento» de esta industria.
La aplicación de las medidas incluidas en esta ley supondrá para el sector un crecimiento de tan sólo un 1,7% en 2007, lo que en la práctica supone iniciar una senda de «decrecimiento», según declaró Amés. Además, el año 2008 será el cuarto consecutivo con incrementos anuales inferiores a los del Producto Interior Bruto (PIB), recordó el directivo de Farmaindustria. Teniendo en cuenta que los precios de fármacos en España son «los más bajos de Europa», supone «castigar mucho al sector», aseguró.
Aunque la redacción final de la ley representa «impactos inferiores» a los inicialmente previstos, constituye un «castigo injustificado» al sector, señaló Amés, que pidió al Gobierno que haga un «reconocimiento de la innovación», tanto en precios como en reconocimiento de los derechos de propiedad industrial. No en vano el farmacéutico es «el sector que más aporta al país en materia de I+D», apuntó el director general de Farmaindustria.
Arnés criticó la «agresividad» de la rebaja del precio del 20% que fija la norma para todos aquellos medicamentos que lleven más de diez años en el mercado y cuenten con un genérico en otro país europeo. «Bastaría con que exista una sola presentación de ese principio activo en cualquier país europeo sólo un céntimo más barata para que todas las presentaciones tengan que bajar su precio un 20%», explicó. Esta medida podrá tener «consecuencias de tipo sanitario», porque ante tal rebaja de precios la compañía responsable de uno de estos productos «podría dejar de fabricarlo en España», hasta el punto de que «podría llegarse al desabastecimiento de ese producto», alertó el representante del sector.
Asimismo, Arnés criticó también que la ley realice un «fomento obsesivo» de la prescripción por principio activo, una política que puede tener «consecuencias de todo tipo» y que además, desde su punto de vista, tendría que haberse formulado al revés, en el sentido de que a igualdad de precios se dispensara el medicamento de marca. Otros de los aspectos de la regulación del sector que no gustan a la patronal farmacéutica son la tasa sobre ventas al Sistema Nacional de Salud, medida destinada a destinar más recursos a las investigaciones en el marco del Instituto de Salud Carlos III, o el abordaje de las patentes.
El director general de Farmaindustria afirmó que aunque las plantas de fabricación de los laboratorios farmacéuticos radicadas en España «no se van a ir», el marco normativo fijado por la Ley del Medicamento sí influirá en las decisiones sobre inversiones. Las multinacionales apostarán por aquellos países donde el marco legal sea «favorable», apuntó. Por ello, la ley supondrá «menos inversión en I+D, menos empleo y menos crecimiento económico», resumió Amés.
