Gran Bretaña cambiará la ley tras el escándalo de la extirpación ilegal de cerebros

Plantean convertir en un crimen la extracción de órganos sin autorización de los allegados
Por EROSKI Consumer 13 de mayo de 2003

El Gobierno británico publicó ayer el informe filtrado a la prensa la semana pasada en el que reconoce que, durante casi treinta años, los cerebros de miles de enfermos mentales fueron extirpados ilegalmente después de su muerte para cederlos a experimentos científicos. El informe, redactado por el doctor Jeremy Metters, asesor médico del Gobierno, indica que, aunque es muy difícil dar una cifra exacta, decenas de miles de cerebros fueron extraídos entre 1970 y 1999 sin el consentimiento de los familiares de los fallecidos.

La ley en el Reino Unido no prohíbe de forma expresa este tipo de prácticas, por lo cual el Ministerio de Sanidad volvió a prometer ayer una enmienda en la Ley de Tejidos Humanos para que algo así no vuelva a ocurrir. El ministro Alan Milburn realizó esa misma promesa en el año 2001, sin embargo desde entonces no ha llevado a cabo ninguna iniciativa parlamentaria en este sentido.

Práctica cuestionable

Por otra parte, como no se ha hablado de crímenes, sino de una práctica cuestionable, lo único que han de hacer los hospitales es pedir perdón y prometer no volver a hacerlo. El principal responsable de los hechos acaecidos en el Alder Hey Hospital de Manchester, Andrew Selby, fue declarado inocente de conducta impropia por un tribunal de la ciudad y el mismo hospital ofreció 5 millones de libras como compensación absolutamente voluntaria a las familias de los 2.400 niños neonatos cuyos timos habían sido extraídos para la industria farmacéutica. Políticamente el asunto tampoco va a ningún sitio, porque los hechos investigados sucedieron a lo largo de tres décadas y bajo gobiernos tanto conservadores como laboristas.

Pero aunque sus actividades no entraran en el terreno de lo criminal, tampoco estaban por completo de acuerdo con la Ley. El informe explica que la mayor parte de los médicos implicados no eran en lo absoluto conscientes de estar haciendo algo negativo, sino más bien al contrario. Los cerebros coleccionados lo eran para su estudio y el hecho de no comentárselo a los familiares se entendía más como una delicadeza que como el intento de ocultar algo vergonzoso. Algunos, no obstante, reconocían que no se preguntaba para evitar una negativa.

Aunque los médicos se sientan inocentes, lo que casi ninguno de ellos parece haber tenido en cuenta es que en una sociedad multiétnica como es la británica «la investigación oculta puede resultar ofensiva a muchos familiares, particularmente de aquellos grupos religiosos que se preguntan por qué no han tenido nunca la oportunidad de airear sus objeciones», según el doctor Metters. El informe, además de los resultados de la investigación, contiene 34 recomendaciones de orden más bien técnico, entre las cuales se incluye la de convertir en un crimen la extracción de órganos sin la autorización de los familiares. El jefe médico de Inglaterra, el profesor Liam Donaldson, aseguró que la enmienda está en marcha.

La otra cara de la cuestión se reflejaba en las preocupaciones de la organización caritativa Sane, dedicada a problemas médicos, la cual advertía ayer de que las nuevas medidas no deben incidir de forma negativa en futuras investigaciones sobre enfermedades mentales. Su directora, Marjorie Wallace, hizo ver que «ya en estos momentos la investigación médica en cerebros está prácticamente paralizada». Wallace reclamó un banco nacional de cerebros y simplificar lo más posible las reglas que conciernen a la donación de órganos.

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