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Dos años de vacas locas en España

La crisis de las vacas locas cumple en noviembre su segundo aniversario. El análisis de los datos disponibles revela que la enfermedad se encuentra, muy probablemente, todavía en sus inicios en nuestro país. Del mismo modo, pone de manifiesto que no todas las comunidades autónomas siguen de igual modo el curso de la EEB. En algunas, como Andalucía y País Vasco, el número de casos se haya claramente por debajo de lo esperado. En otras, como Castilla-León, se supera en cambio el margen de lo estadísticamente razonable.

Dos años de vacas locas en España

Desde el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina comunicado en España, en noviembre de 2000, el número de animales enfermos que han ido detectándose en las diferentes comunidades autónomas ha ido creciendo de forma paulatina. Frente a un inicio en el que todo indicaba que la incidencia de la enfermedad iba a ser más bien escasa, cumplido el segundo año la cifra global se acerca a los 200 casos, signo inequívoco de una evolución que, muy probablemente, se encuentra todavía en sus fases iniciales.

Desde el inicio de la crisis el número de casos ha ido en aumento, de lo cual podría deducirse que nos hallamos en las primeras fases de la enfermedad

Las cifras confirman los augurios que las autoridades sanitarias de la Unión Europea habían hecho públicas poco antes de que se diera a conocer la enfermedad en Parrula, la vaca gallega que inició la cuenta en España. En aquel informe se indicaba ya que la cabaña de vacuno española se encontraba en situación de riesgo, máxime cuando la evolución probable de la enfermedad se cifra en unos diez años. El primer caso, además de inaugurar el recuento, venía a confirmar que España, muy probablemente, se encontraba en la fase inicial de extensión de la enfermedad.

Transcurridos los dos primeros años, y ante la ausencia de casos humanos, la opinión pública parece haberse olvidado de las vacas locas. La atención, en materia de seguridad alimentaria, se ha desplazado a otros lares, tal vez más inmediatos y de mayor repercusión mediática en ausencia de otra noticia que no sea la detección de nuevos casos en una u otra comunidad autónoma.

No obstante, la enfermedad continúa progresando, como se observa en los distintos gráficos de análisis de la situación. La presentación de casos humanos, o la simple posibilidad de que esto ocurra, es lo que realmente va a preocupar a la población y a las autoridades sanitarias en el futuro.

Análisis de los casos

Desde la detección del primer caso de EEB, el mecanismo principal de control de la enfermedad se fundamenta en el análisis sistemático, y ahora ya rutinario, de los animales que forman parte de los grupos de riesgo, es decir, de aquellos en los que existen mayores probabilidades de que surja o se manifieste la patología.

Considerado así, en términos absolutos, como se desprende de la Tabla 1, Galicia, Castilla-León o Cantabria son las comunidades autónomas que más análisis realizan. Podría inferirse, por tanto, que son éstas las comunidades que aparentemente van por delante en el control de la enfermedad.


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En Extremadura, una comunidad en la que el 90% de su cabaña es mayor de 24 meses, sólo se ha analizado el 3,39% de los animales.

El dato considerado de forma aislada, sin embargo, podría conducir a error. Si se correlaciona el volumen de análisis con el número de cabezas de vacuno en cada una de las comunidades autónomas es posible extraer un porcentaje que señala el esfuerzo relativo en relación a las respectivas cabañas bovinas. El cálculo revela que, como ocurría hace unos meses, Madrid y Canarias (22,59% y 19,29% respectivamente), seguidas por País Vasco (14,12%) y Galicia (12,34%) son las que mayor número de análisis realizan. En el extremo contrario, Aragón sigue sin llegar al 1%.

Los datos obtenidos, aunque mucho más precisos, no permiten clarificar exactamente qué ocurre en cada comunidad. Entre otras razones, porque la valoración de la incidencia real ha variado desde que en julio de 2001 se estableciera la obligación de examinar cualquier animal sacrificado con más de 24 o 30 meses de edad, dependiendo de la comunidad autónoma, o cualquier muerto en la granja. Ello implica que, durante 2002, además de la prohibición de alimentar el ganado con harinas de origen animal, se habrán analizado todos los animales mayores.

Si comparamos el porcentaje de animales analizados de más de 24 meses podremos observar que son Murcia, Madrid, Canarias y País Vasco los que llegan a superar el 20% del total de su cabaña, mientras que sorprende que en Extremadura, una comunidad en la que el 90% de su cabaña es mayor de 24 meses, sólo se ha analizado el 3,39%.

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Una posible justificación para estos resultados podría ser la disminución de la demanda. En efecto, podría pensarse que el sacrificio de animales mayores de 24 ó 30 meses dependerá de una forma directa de la demanda de los consumidores. No obstante, durante todo el año 2002 la demanda ha aumentado hasta recuperarse en su totalidad. Por otra parte, no hay que olvidar que el número de animales positivos también depende de la capacidad de sacrificio de los mataderos con actividad en una comunidad determinada. Si una región no tiene mataderos suficientes, los animales se derivan para su sacrificio a otras áreas geográficas, por lo que podrían aparecer casos importados.

A diferencia de lo que ocurría con análisis precedentes, los casos importados declarados han sido asignados a las comunidades de origen. Con ello se ha corregido lo que técnicamente podría considerarse un error por asignar casos a comunidades de sacrificio y no de producción.

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