Greenpeace considera que España es la puerta trasera de entrada de transgénicos a Europa

Por EROSKI Consumer 21 de abril de 2004

La organización ecologista Greenpeace ha denunciado, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva legislación sobre etiquetado, que España se ha convertido en los últimos años en la puerta trasera de entrada de los transgénicos a la Unión Europea. La organización asegura que España es el único país de la UE que cultiva maíz modificado genéticamente.

Además, Greenpeace asegura que España importaba más de cuatro millones de toneladas al año de soja y maíz transgénicos procedentes principalmente de EEUU y Argentina. La organización ha revelado que el año pasado el Gobierno toleró que convivieran 32.000 hectáreas de maíz Bt, un maíz con genes bacterianos que generan una proteína tóxica, con cultivos ecológicos y convencionales. La organización ecologista insta al Gobierno a tomar medidas y prohibir que los campos españoles se conviertan «en un gigantesco experimento genético a gran escala», asegura Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.

España importa unos nueve millones de toneladas de soja y de maíz procedentes de países como EEUU, Argentina y Brasil. Aproximadamente la mitad de esta cantidad corresponde a cultivos transgénicos que se incorporan a la cadena alimentaria humana y animal. Greenpeace estima que más de cuatro millones de toneladas de soja y casi medio millón de toneladas de maíz provienen de cultivos modificados genéticamente.

Greenpeace ha denunciado la situación española un día después de la entrada en vigor de la nueva legislación europea sobre etiquetado y trazabilidad de alimentos y piensos modificados genéticamente. La organización asegura que estas nuevas normas están muy lejos de aportar a los consumidores una información completa ya que no obligan a etiquetar los productos como la leche, la carne o los huevos, es decir, los productos derivados de animales que han sido alimentados con transgénicos.

«Aunque es un paso adelante en la lucha por conseguir un etiquetado que dé la posibilidad a los consumidores de elegir, es inaceptable que las autoridades europeas no reconozcan el derecho de los consumidores a saber cómo y a costa de qué han sido alimentados los animales cuyos derivados consumen, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los transgénicos se emplean en producir piensos compuestos», asegura Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.

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