La FAO debate sobre el derecho a la alimentación

Por EROSKI Consumer 28 de octubre de 2003

Esta semana se ha iniciado en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) una reunión de representantes de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos para debatir las modalidades de ejecución para los estados del derecho a la alimentación.

El derecho internacional establece el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, así como el derecho fundamental a vivir sin pasar hambre. La agenda de Grupo de trabajo sobre el derecho a la alimentación, que celebra estos días su segundo encuentro, comprende la búsqueda de la aplicación práctica de estos principios. Está previsto que el Grupo de trabajo busque el consenso de los países presentes en la elaboración de un conjunto de directrices de aplicación voluntaria, en apoyo a la realización gradual del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Esta iniciativa, que obedece a una petición realizada por algunos países miembros durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, pretende dar razón de lo que ya han reconocido 147 países: el derecho a una alimentación adecuada, establecida en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Unos 21 países ya han consagrado los derechos a la alimentación en su constitución, y muchos otros reconocen y protegen otros derechos muy estrechamente vinculados.

Según la FAO, la población necesita contar con atención sanitaria y educación para disfrutar del derecho a la alimentación, sobre todo en lo que se refiere a sus valores culturales, derecho a la propiedad y derecho de organizarse económica y políticamente. Para la organización, la garantía al derecho a la alimentación impone condiciones como el acceso a la tierra, agua,sistemas de mercado eficaces y justos, así como la inocuidad de los alimentos y protección al consumidor.

El objetivo de las directrices es, asegura la FAO, dar a los gobiernos un instrumento práctico con el fin de hacer valer para su población el derecho a los alimentos y cumplir una obligación básica con sus pueblos.

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