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Libre circulación de alimentos y protección del consumidor

Con la creación de la Comunidad Europea, los Estados miembros fueron adoptando reglas comunes destinadas a facilitar la libre circulación de los productos: todo producto legalmente vendido y fabricado en un Estado miembro según las prescripciones nacionales en vigor puede ser vendido y consumido en los demás Estados miembros, salvo por razones imperativas de protección de la salud del consumidor. Sin embargo, las reglas de la libre circulación de los alimentos han tenido que convivir necesariamente con el respeto a los derechos básicos del consumidor, a quien cada vez le son exigidas mayores responsabilidades sobre los productos que adquiere.

Libre circulación de alimentos y protección del consumidor

DESDE LA INSTAURACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACIÓN DE ALIMENTOS, LA INDUSTRIA HA TENIDO QUE CONVIVIR CON LA NECESIDAD DE PROTEGER AL CONSUMIDOR


El consumidor puede exigir del productor, distribuidor y comerciante un paquete de obligaciones que inciden de manera directa sobre la seguridad del producto y el derecho a su salud. Por ejemplo, que únicamente le pongan a disposición productos seguros; que le informen de los riesgos; que adopten medidas en caso de riesgos para el consumo; que establezcan instrucciones, advertencias e indicaciones sobre los riesgos previsibles; que identifiquen los productos o los lotes de productos; que realicen pruebas de muestreo entre los productos comercializados; que vigilen y controlen la seguridad de los productos comercializados y que adopten medidas adecuadas para evitar riesgos derivados de sus productos.

La libre circulación de productos, que fue fijada a partir del 31 de diciembre de 1992, obligaba a un ejercicio de adaptación de los diferentes derechos alimentarios nacionales. Para alcanzar este fin, la armonización de las legislaciones de los diferentes Estados miembros se tornaba imprescindible para la libre circulación de mercancías en el espacio económico integrado por los mismos.

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