El próximo 4 de diciembre los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) aprobarán medidas para revisar el proceso de autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) y darán el visto bueno a un texto preparado después de varias reuniones de técnicos, la última de ellas celebrada ayer. Las discusiones se centran en si hay que reforzar los trámites para autorizar transgénicos e imponer más requisitos, pero es difícil sacar adelante cambios importantes por la división existente entre los países.
Los debates previos abordan cuestiones como la elaboración de informes ambientales más amplios, reglas de etiquetado para las semillas con restos de transgénicos o endurecer las exigencias en zonas donde los OMG amenacen a un sector, como a los productores ecológicos. Sin embargo, aún no hay consenso sobre el texto que los responsables de Medio Ambiente de los 27 deben aprobar por unanimidad, por lo que es previsible que se diluyan las propuestas y que, en la práctica, se acuerden modificaciones pequeñas.
En la actualidad, los países de la UE no han conseguido la mayoría suficiente para un solo expediente. En los casos de los nuevos OMG autorizados fue la Comisión Europea la que los aprobó, al no haber consenso ni a favor ni en contra entre los Estados. Entre los países que más rechazan los OMG figuran Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Francia, Italia y Chipre; por el contrario, el Reino Unido, Suecia y Holanda son los más favorables a los productos transgénicos. Por su parte, España es el país donde más superficie hay sembrada con OMG, concretamente de variedades de maíz.
Entre los puntos de discusión para el próximo Consejo de Medio Ambiente figura un posible «marco regulador». La UE discute también sobre el establecimiento de un umbral de restos de OMG no deseados en semillas, a partir del cual haría falta un etiquetado obligatorio. Otro aspecto es la exigencia de informes sobre las consecuencias de los transgénicos «a largo plazo» o al menos en un periodo de tiempo superior al que ahora evalúa la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA). También se debatirá la consideración de cuestiones «económicas y sociales» antes de permitir un transgénico nuevo y la creación de «zonas libres de OMG».
