El proyecto de la presente ley tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Todo ello en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de los consumidores. El artículo detalla qué aporta esta ley, el posicionamiento de la Comisión Europea, qué ha sucedido en España y cómo beneficia al consumidor.
El pasado mes de febrero se aprobó, en Consejo de Ministros, el «Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria«, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Las principales asociaciones del sector agroalimentario (ASAJA, UPA, COAG, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, PROMARCA y FIAB, entre otras) han manifestado su satisfacción con el planteamiento que ha puesto sobre la mesa el Ministerio con este Proyecto. Se han tenido en consideración los distintos intereses, tal y como declaraba el ministro Arias Cañete, al destacar que el proyecto aprobado incluye «muchas mejoras y muchas novedades» tras recibir las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, así como las observaciones de los agricultores y de la industria del sector.
Qué aporta la Ley de mejora de la cadena alimentaria
A grandes rasgos, las principales consecuencias que se pueden esperar del Proyecto son:
Incremento de la eficacia y competitividad del sector agroalimentario.
Puesta en marcha del modelo de regulación y autorregulación en las relaciones comerciales de los distintos agentes de la cadena alimentaria para evitar desequilibrios entre los propios agentes.
Creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Otra novedad será el Observatorio de la Cadena Alimentaria (absorbe las funciones que realizaba el Observatorio de Precios).
Posicionamiento de la Comisión Europea
La Comisión Europea hace tiempo que analiza la problemática de la cadena alimentaria, y una muestra de este interés y preocupación la constituye la publicación de la «Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria», en 2009. Además de estos trabajos desde la Comisión, también otras instituciones han valorado la situación; los Consejos de Ministros de Competitividad y Agricultura, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social que, mediante declaraciones, resoluciones e informes han evidenciado la gravedad y extensión global de este problema, subrayando la necesidad de que los Estados adopten medidas para solucionar este problema social y económico.
El último paso en esta dirección desde la Unión Europea, y con el fin de identificar soluciones que permitan garantizar una mayor transparencia de los precios, mejorar la competencia, evitar el abuso de poder en la negociación y contratación, prohibir la especulación y fomentar la autorregulación, es la constitución del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, a finales de 2011.
¿Qué ha sucedido en España?
Estos debates y análisis de la situación que afecta a la cadena alimentaria se han extendido también a nivel interno en la mayoría de los Estados miembros, donde se van implementado diversas medidas de variado alcance pero que comparten una misma finalidad. En el caso de España, la muestra de ello es el proyecto de Ley citada.
Al estudiar la fotografía actual de cadena de valor, son evidentes claras asimetrías en el poder de negociación que pueden derivar, y de hecho ha sucedido en ocasiones, en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario.
Beneficio para el consumidor
La futura ley contribuirá a beneficiar al consumidor en la libertad de elección, calidad e innovación en relación con los alimentos. Además, también mejorará el sector por cuanto ha de contribuir en una mejora de la competitividad, buscará la construcción de una verdadera cadena de valor y unas relaciones sostenibles y que fomenten la competitividad entre sus integrantes. Promoverá así un modelo agroalimentario eficiente y transparente, construyendo un sistema económico líder y albergando una producción variada, de calidad y altamente valorada por los consumidores. En una palabra, tendremos una cadena alimentaria sostenible.
En España, hay cerca de 1 millón de productores, unas 30.000 industrias agroalimentarias y, dentro de la distribución, un 40% del mercado está en manos de cinco operadores, por lo que el ministro de Agricultura ha considerado necesario impulsar reglas para mejorar la gestión de la oferta y evitar “prácticas abusivas”. La importancia estratégica del sector agroalimentario en España para la economía nacional, tal y como lo corroboran las magnitudes económicas sobre su participación en el Producto Interior Bruto (PIB), en la balanza comercial, su dimensión, el número de empleos que genera o sus cotas de producción, datos que confirman la trascendencia de la regulación de la cadena alimentaria.
