Con motivo del encuentro que celebrará la ONU en octubre para avanzar en las negociaciones sobre el futuro Tratado sobre el Comercio de Armas, Amnistía Internacional (AI) ha pedido a los países miembros de este organismo que adopten una «regla de oro» que impida las transferencias de armamento cuando exista un riesgo importante de que éste sea utilizado para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
«Pese a la masiva luz verde de la mayor parte de la comunidad mundial, una pequeña minoría de escépticos desea conservar el caos del ‘statu quo’ para poder mirar hacia otra parte cuando se producen transferencias ostensiblemente irresponsables, lo que hace que la mayoría de los mecanismos nacionales de control de armas y embargos de la ONU sean débiles e ineficaces», señaló Brian Wood, director de control de armas de AI.
La ONG denuncia que en el periodo previo a los debates de la ONU de octubre, algunos Estados -como China, Egipto, India, Pakistán, Rusia y Estados Unidos- están intentando «bloquear, demorar y diluir las propuestas», lo que podría hacer que el Tratado no alcance sus objetivos y permitir que el comercio de armas siga desarrollándose sin control.
Consecuencias catastróficas
Un informe de Amnistía Internacional, titulado «Sangre en la encrucijada: En defensa de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas», describe nueve casos de consecuencias catastróficas para los derechos humanos derivadas de un comercio de armas sin restricciones. Este trabajo pone de manifiesto que sin una cláusula eficaz de derechos humanos, cabría la posibilidad de que el mencionado documento no proteja a los más vulnerables.
«Los gobiernos pueden seguir ignorando las terribles consecuencias de las transferencias internacionales irresponsables de armas o cumplir sus obligaciones en un Tratado que contenga una ‘regla de oro’ sobre los derechos humanos que contribuirá a salvar vidas y a proteger los medios de vida de las personas», apuntó Helen Hughes, una de las responsables del informe.
La organización humanitaria relata cómo continúan las violaciones del embargo de armas de la ONU en Costa de Marfil, Somalia y Darfur, en Sudán, «debido a unas leyes nacionales débiles y a la falta de compromiso y capacidad de algunos gobiernos, lo que hace aún mayor la necesidad de un tratado eficaz». El problema se agrava, dice Amnistía, por el hecho de que más del 80% de los países no ha establecido leyes para controlar el comercio de armamento y su transporte.
El documento recoge además que China y Rusia siguen siendo los mayores proveedores de armas convencionales de Sudán, las cuales son utilizadas por las fuerzas armadas sudanesas para seguir cometiendo violaciones graves de derechos humanos en Darfur. En concreto, según el informe de AI, Rusia proporcionó helicópteros militares y bombarderos, mientras que China vendió a Sudán la mayoría de las armas y municiones de que dispone este país.
