Ángel Gastón, presidente de la Asociación de Centros de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra (ACEMNA)

El empleo protegido en centros de iniciativa social es doblemente rentable. Por un lado, genera un retorno de dos euros por cada euro invertido por la Administración y, por otra parte, supone unos ahorros muy significativos en servicios sociales, asistenciales y sanitarios. Pero por encima de todo, destaca el beneficio generado a los propios trabajadores y a sus familias.

Eso pretendíamos. Hemos querido hacer una prueba piloto que permitiera testear la metodología para luego extenderla a otros centros y comunidades autónomas.

“Si la legislación actual se cumpliera, los centros especiales de empleo tendrían una mayor capacidad para autofinanciarse”

En el entorno de crisis actual, sin duda, y con un impacto muy relevante en los empleos de personas con discapacidad de especial dificultad. Posiblemente, si la legislación actual se cumpliera (LISMI, Ley de contratos…), los centros especiales de empleo tendrían una mayor capacidad para autofinanciarse, pero mientras esto no ocurra, se precisa el apoyo de la Administración.

Durante los primeros años de la crisis, de 2007 a 2009, el impacto fue alto, ya que muchos centros tienen líneas importantes que dependen de labores de subcontratación y, en momentos como este, las empresas reducen la subcontratación. Este primer impacto se solventó gracias al uso del patrimonio o ayudas de las asociaciones, entre otros. En 2010, el Gobierno central implantó una medida excepcional que incrementaba el apoyo del Ejecutivo al empleo de las personas con discapacidad del 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) al 75%. Esto dio un colchón de oxígeno que se aprecia en el número de empleos que se han mantenido en muchos casos.

En 2011, esta ayuda excepcional se mantuvo únicamente para las personas con “especial dificultad” en el acceso a un empleo, personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y discapacidad física en un grado superior al 65%. En 2012, el Gobierno central aprobó el retorno al 50%. Solo Navarra mantuvo una aportación del 75%, mientras que el resto de las comunidades autónomas ha tenido dificultades para mantener el 50% y con muchos retrasos en los pagos. De nuevo, las asociaciones y familiares deben aportar para mantener el empleo, pero la situación es muy difícil de sostener en el tiempo.

El paso del 50% al 75% supone unos 50 millones de euros en toda España. Esta cantidad, además de ayudar a mantener más de 30.000 empleos de personas con discapacidad de difícil empleabilidad, repercute en un impacto económico directo. Ahora evaluamos el indirecto, que supera los 100 millones, y extrapolamos los resultados de nuestro informe.

En época de crisis se tiende a olvidar a la persona como tal, pese a que la solución a cualquier tipo de crisis nace de un enfoque positivista y un cambio de actitud del plano personal. Es evidente que se generan cambios en las sociedades, tan solo a través de cambios personales, sobre todo, los que perduran en el tiempo y se pueden calificar de estructurales.

Afortunadamente, creo que la sociedad es sensible a este tema y no quiere retrocesos en el lento camino de la integración, porque aunque lentos, ha habido avances considerables. Ahora tenemos que trasladar esta sensibilidad y demostrar, con datos objetivos, que estos apoyos no son un gasto, sino una inversión que repercute en las personas con discapacidad y en toda la sociedad. Supone una optimización de recursos públicos y la eficiencia en la gestión de los mismos.

De no revertirse la situación, seguro. Una parte del trabajo busca iniciativas viables, empresarialmente viables. Pero si falta un apoyo decidido, esto no será suficiente en el momento de crisis actual.

“La salida del mercado laboral de los beneficiarios del empleo protegido puede suponer un retroceso importante en su integración”

Cuando se ha empezado el análisis de la segunda parte del estudio, los ahorros en las familias y en otros gastos de la Administración, la primera conclusión es que la salida del empleo de estas personas puede suponer un retroceso importante en su integración y un gasto muy importante para la Administración en estos apoyos. Además, como cualquier persona, una persona con discapacidad que trabaja se siente útil a la sociedad, se siente un sujeto activo. En muchos casos, el riesgo de acercarse a la exclusión social se acentúa.

“De no revertirse la situación actual, es seguro el cierre de algún centro especial de empleo”

Creo que vamos a vivir una época en la que habrá que conjugar con igual intensidad el trabajo interno -mejorar productividades, herramientas para la integración de las personas, visiones más integrales de servicio a las personas, fusiones o uniones de centros-, con un trabajo insistente para mantener los niveles de apoyo por parte de la Administración, siempre pensando que lo importante son las personas con discapacidad y sus oportunidades de integración, por encima de organizaciones o estructuras concretas. Es un esfuerzo importante para todos.