Asesoría jurídica a personas con discapacidad

Varias asociaciones cuentan con servicios jurídicos gratuitos para asesorar a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos vulnerados
Por Azucena García 14 de junio de 2011
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Imagen: liz west

Cualquier persona es beneficiaria de una serie de derechos. Sin embargo, no todas pueden ejercerlos. Las personas con discapacidad detectan algunas carencias y, por ello, varias asociaciones han puesto en marcha iniciativas de formación en derechos o servicios gratuitos de atención jurídica. Es un paso más hacia el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008 y que pretende promover, proteger y asegurar el cumplimiento, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

En Castilla-La Mancha, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha creado hace apenas dos meses un departamento jurídico de atención, orientación y asesoramiento (juridico@cermiclm.org), que centralizará las demandas de las organizaciones que forman parte del Comité, así como de las propias personas con discapacidad y sus familias.

El CERMI presta orientación jurídica a las personas con discapacidad, sus familias y entidades que lo soliciten

La apertura de esta oficina prosigue a una advertencia del CERMI, que detectó un «notable aumento» de consultas y quejas sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos de personas con discapacidad. Según los datos recogidos en el informe «Derechos Humanos y Discapacidad en España», entre 2007 y 2010, las reclamaciones aumentaron de 207 a 408. En su mayoría, fueron los hombres quienes presentaron las quejas, pero también los niños registraron un total de 33 reclamaciones.

El propio CERMI presta orientación jurídica (consultas@cermi.es) a las personas con discapacidad, sus familias y entidades que lo soliciten. Atiende supuestos de discriminaciones y tratos desiguales de gravedad, así como casos derivados de controversias o disputas de carácter jurídico, cuando la discapacidad sea un elemento determinante, sin que esto suponga más que «un primer consejo y recomendaciones de actuación».

El servicio de asesoría jurídica de COCEMFE divide la legislación por áreas, las mismas que registran vulneraciones de derechos: accesibilidad, formación, igualdad de oportunidades, impuestos, prestaciones sociales, ámbito laboral, etc. En cada apartado, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica incluye la normativa estatal correspondiente y por comunidades autónomas.

Nueva red de juristas

FEAPS ha puesto en marcha una red de de juristas y ha impartido un curso para formadores en derechos

Las personas con discapacidad intelectual tienen también un nuevo sistema de apoyo jurídico, después de que a comienzos del mes de mayo, la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) presentara una nueva red de juristas compuesta por profesionales de todas las federaciones autónomas y territoriales de la Federación. Esta red está coordinada por el abogado Torcuato Recover, cuya trayectoria se vincula a FEAPS desde hace años. El letrado se ha comprometido a aportar los recursos, tiempo y sabiduría necesarios.

Durante la celebración en abril de las III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad, varios expertos coincidieron en considerar la necesidad de la especialización jurídica en materia de discapacidad. En la actualidad, se contabilizan en España un total de 19 juzgados especializados en materia de discapacidad, si bien en todo el país se cuenta con más de 10.000 juzgados y tribunales. Es trascendental la especialización tanto de estas instituciones, como de los propios jueces. «Es imprescindible poner en marcha un servicio de oficio especializado y juzgados especializados en esta materia, ya que el derecho a la accesibilidad a la justicia está reconocido, pero no garantizado», señaló el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral.

Atención a personas con discapacidad intelectual

Img 27 05 11cursoderechos articuloImagen: FEAPS

Junto con estos recursos, FEAPS clausuró hace algunas semanas un curso de preparación de formadores en derechos. En él, personas con discapacidad intelectual procedentes de 12 organizaciones de FEAPS Madrid han recibido la capacitación oportuna para formar a su vez a otras personas.

En la actualidad, un total de 15 personas con discapacidad intelectual están «en condiciones de ofrecer servicios formativos a las entidades que lo soliciten», señala FEAPS. Son siete mujeres y ocho hombres, entre 21 y 50 años, quienes difundirán la importancia de que sean las propias personas con discapacidad intelectual quienes se representen a ellas mismas y ayuden, puesto que son ellas quienes, en primera persona, conocen las principales vulneraciones que en ocasiones padecen.

«Es necesario saber cuáles son nuestros derechos y saber cómo reivindicarlos», señaló en el acto de clausura Oscar Pueyo, uno de los alumnos. «Ahora sabemos reivindicar nuestros derechos y así podemos cambiar las cosas«, subrayó.

El logro de esta iniciativa ha sido, sobre todo, contribuir a uno de los objetivos del IV Plan Estratégico 2011-2014 de FEAPS, en el que aboga, entre otras cosas, por el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, el desarrollo en la autodefensa de sus derechos, el desarrollo de formación y el aprendizaje de aspectos claves como los derechos.

Principales vulneraciones

El informe de “Derechos Humanos y Discapacidad en España”, del CERMI, revela que un 31% de las consultas atendidas se relacionan con vulneraciones relativas a cuestiones de accesibilidad, temas fiscales, dudas sobre prestaciones sociales y la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), cuyas consultas se han incrementado.

Las áreas que registran situaciones de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad son las violaciones por incompatibilidad legislativa, explica el Cermi, “causadas por la ausencia de un enfoque de derechos humanos”, así como la falta de igualdad de oportunidades y la violación del principio de participación y consulta. Respecto a los asuntos que más preocupan, destacan el empleo, la falta de apoyo a la educación inclusiva y la vivienda, que en un 80% de los casos registran problemas de accesibilidad.

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