Este sistema de financiación se basa en la concesión de créditos externos que los países más pobres pueden recibir tanto del sector público como privado para costear los proyectos internos. Generalmente, la deuda externa se paga fuera del país y en moneda extranjera.
De la misma forma que muchas personas solicitan créditos para comprar bienes de consumo, los países solicitan el dinero en los mercados de capitales o lo piden a instituciones financieras internacionales para pagar carreteras, servicios públicos y centros de salud, entre otras muchas cosas. Y como las personas, estos países tienen que devolver la cantidad prestada y los intereses de los préstamos que reciben. Éste es el principal problema: muchas veces a los ciudadanos no se les informa acerca del uso del préstamo ni de las condiciones de su devolución y en la práctica muchos gobiernos utilizan estos préstamos para proyectos que no cumplen los requisitos mínimos de viabilidad social, ecológica o económica.
La realidad es que la deuda externa se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo humano de los países más pobres del mundo, que deben utilizar sus escasos recursos en la devolución de los préstamos, en lugar de invertir en el bienestar de su población. La gravedad de la crisis actual, generada en gran medida por este sistema de financiación, ha llevado a cientos de asociaciones, ONG y organizaciones de todo el mundo a buscar conjuntamente soluciones a una situación que impide salir de la miseria a millones de personas en todo el planeta.
Las últimas medidas que se han tomado para solucionar parcialmente la situación han tenido lugar en junio de 2005 cuando los países más ricos de mundo, pertenecientes al G-8, a excepción de Rusia y de acuerdo con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fondo de Desarrollo Africano, decidieron condonar la deuda de manera inmediata a 18 de los países más pobres del mundo, la mayoría situados el África subsahariana. Más adelante, otro grupo de nueve países se beneficiará de la condonación de la deuda en un plazo de entre 12 y 18 meses, cifrada en 11.000 millones de dólares. Y hay un tercer grupo, formado por 11 naciones con conflictos civiles, a los que se les ofrece la posibilidad de acogerse a esa medida en cuanto cumplan las condiciones establecidas por el plan.
A través de este proyecto, los países industrializados se comprometen a aportar nuevos fondos a las instituciones multilaterales de crédito para evitar que la condonación de la deuda descapitalice a esas organizaciones y afecte a su capacidad de acometer nuevos programas de ayuda en el futuro.
Sin embargo, estas medidas son insuficientes y la deuda externa sigue siendo un lastre que desde hace ya más de veinte años asfixia las economías del tercer mundo. Los países que solicitan asistencia financiera a menudo se ven obligados a aceptar políticas de ajuste estructural y de estabilización, lo que provoca efectos muy negativos para la población de los países más endeudados.
Tras el escaparate de la concesión de créditos internacionales con el fin de estabilizar las economías en crisis e impulsar su crecimiento haciéndolas más competitivas, se halla una grave situación de crisis originada por estas políticas de ajuste:
- Cierre de numerosas empresas locales que no pueden competir con las multinacionales extranjeras.
Las inversiones llegan con cuentagotas, de manera que el crecimiento del empleo se produce muy lentamente. - Recorte de los gastos sociales, salud, educación, bienestar, etc., ya que se pretende reducir el déficit público.
- Reducción de las plantillas de las empresas públicas. Muchos de los trabajadores son despedidos como consecuencia del recorte presupuestario.
- También se ve perjudicado el medio ambiente, ya que estas políticas llevan aparejada la necesidad de aumentar las exportaciones que en muchos países dependen de la explotación indiscriminada de recursos naturales corno la madera y los minerales.
