Indígenas mexicanos denuncian la expropiación de sus tierras y su venta a una empresa turística de EE.UU.

Se trata de 271.000 hectáreas que los rarámuri consideran suyas por herencia comunitaria
Por EROSKI Consumer 25 de febrero de 2004

La comunidad indígena mexicana de los rarámuri, asentada en el Departamento de Chihuahua (norte), ha denunciado la expropiación de sus tierras ancestrales y su posterior venta a una empresa turística estadounidense, Inmobiliaria Sierra Madre Occidental.

Estas tierras, 271.000 hectáreas situadas en el municipio de Bocoyna, fueron declaradas «territorio nacional» por la Administración, a pesar de que los rarámuri las consideran suyas por herencia comunitaria, señaló el Centro de Derechos Humanos mexicano en un comunicado urgente.

Posteriormente, los terrenos fueron vendidos por la Secretaría de la Reforma Agraria a un particular «no indígena», quien a su vez se los vendió a la citada compañía, perteneciente al estadounidense Skip McWilliams. La decisión de la Secretaría fue recurrida ante los tribunales por los indígenas a finales de 2003.

Durante una entrevista con representantes de la Secretaría de Turismo de México, los rarámuri presentaron su propio proyecto para estos terrenos, conocidos como «Predio Recowata», instando a la Administración a intervenir para que McWilliams aceptara la devolución del dinero pagado por las tierras.

Sin embargo, la Secretaría de Turismo dio a entender a los rarámuri que su proyecto no prosperaría a menos que retiraran la demanda, y que en el momento en el que lo hicieran, la Administración proporcionaría recursos económicos para la iniciativa indígena. Finalmente, el pasado 3 de febrero, los tribunales fallaron en contra de los rarámuri.

Según el Centro de Derechos Humanos, la marginación y el racismo siguen presentes en los proyectos turísticos del sureste de México, y continúan generándose serios conflictos agrarios por la negativa a garantizar el derecho que los pueblos indígenas tienen sobre su territorio. «Este derecho es anterior a cualquier determinación de las autoridades federales y estatales», concluyó.

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