Infancia refugiada: avances en educación bajo la amenaza de la falta de financiación

📌 Ya estamos en WhatsApp y Telegram. ¡Entra y síguenos!

A pesar de los progresos alcanzados en la última década, los logros en educación para la población refugiada corren hoy un serio peligro. La reducción en la ayuda humanitaria y al desarrollo amenaza con borrar avances que han costado años de esfuerzo y colaboración internacional. ACNUR, la Agencia de la ONU para las personas Refugiadas, advierte que este retroceso tendría consecuencias devastadoras no solo para la infancia refugiada, sino también para la estabilidad y el futuro de las sociedades que los acogen.

Los datos muestran que, cuando existen recursos y voluntad política, los resultados llegan. En los últimos años, la tasa de matriculación de la población infantil y joven refugiada ha aumentado en varios niveles educativos: en preescolar pasó del 37 % al 42 %, en primaria del 65 % al 67 % y en educación superior del 7 % al 9 %.

Uno de los hitos más destacados ha sido el acceso a la universidad. Aunque la cifra aún está lejos del objetivo global del 15 % para 2030, supone un paso decisivo hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades.

En América Latina encontramos ejemplos inspiradores. En Colombia, la matrícula de menores refugiados venezolanos en primaria pasó del 48 % en 2019/20 al 99 % en 2024, y en secundaria del 30 % al 66 %. Ecuador también ha logrado avances significativos: del 29 % al 78 % en primaria y del 15 % al 49 % en secundaria.

Estos progresos han sido posibles gracias a políticas públicas inclusivas, cooperación internacional y la coordinación de múltiples actores. Demuestran que invertir en educación para población refugiada es una realidad alcanzable.

Sin embargo, estos logros se encuentran hoy bajo una amenaza real. A finales de 2024 había 12,4 millones de niñas y niños refugiados en edad escolar, y casi la mitad (46 %) —unos 5,7 millones— estaba fuera de la escuela.

La causa principal no es la falta de esfuerzo, sino la falta de recursos. Muchos países de acogida, ya sobrecargados para atender a sus propias poblaciones, hacen un esfuerzo titánico para integrar a la población refugiada en sus sistemas educativos. Pero los recortes en financiación humanitaria y de desarrollo están dejando sin refuerzo a estos sistemas.

El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las personas Refugiadas, Filippo Grandi, advierte en el ‘Informe Anual sobre la Educación de las Personas Refugiadas‘ 2025 de ACNUR que “este año, los recortes en la ayuda humanitaria y al desarrollo han hecho que el acceso a la educación para la juventud refugiada sea mucho más difícil, poniendo en riesgo los avances logrados con tanto esfuerzo”.

El documento, publicado en septiembre de 2025, recopila datos de más de 70 países de acogida y alerta sobre el riesgo de que los progresos alcanzados en la última década puedan revertirse, si no se refuerzan urgentemente los fondos destinados a garantizar el derecho a la educación de millones de niñas, niños y jóvenes desplazados a la fuerza.

Esto implica que las aulas, que deberían ser espacios de seguridad y esperanza, corren el riesgo de vaciarse. Y cuando un niño o niña refugiada pierde el acceso a la educación, no solo pierde la oportunidad de aprender: queda expuesto a múltiples riesgos como el trabajo infantil, el matrimonio precoz, el reclutamiento en grupos armados o distintas formas de violencia y exclusión.

La educación es mucho más que leer y escribir. Para la infancia refugiada, supone protección inmediata frente a amenazas y vulnerabilidades extremas. Es también una herramienta de resiliencia que les permite reconstruir un proyecto de vida en medio de la adversidad.

En palabras de Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR: “El valor de la educación es indiscutible. La consideramos un derecho fundamental. Garantizar que las personas refugiadas puedan aprender es vital para su futuro… y para el nuestro”.

Invertir en educación es también sembrar futuro. Cada niño o niña que consigue permanecer en la escuela se convertirá en una persona adulta que mañana podrá trabajar, participar en la sociedad, contribuir a la economía y ser parte activa de la comunidad que lo acoge. En este sentido, la educación supone una inversión compartida que beneficia tanto a las personas refugiadas como a los países de acogida.

A pesar de los avances, los obstáculos son enormes. Persisten barreras legales que impiden a las personas refugiadas matricularse en escuelas, la falta de reconocimiento de estudios previos que obliga a muchas a empezar de cero, dificultades lingüísticas y curriculares al enfrentarse a nuevos idiomas y sistemas educativos, y carencia de datos fiables sobre los resultados de aprendizaje, lo que dificulta diseñar respuestas adecuadas.

Las niñas, en particular, se enfrentan a retos añadidos. Aunque ha habido avances hacia la paridad de género, las adolescentes refugiadas tienen más probabilidades de abandonar los estudios debido a presiones económicas, responsabilidades domésticas y riesgos de violencia o matrimonio forzado.

Esta vulnerabilidad se refleja con claridad en los datos del informe anual citado. En este documento se muestra cómo, a nivel global, la tasa de matriculación en secundaria alcanza el 31 % en el caso de los niños, pero desciende al 29 % en el de las niñas, lo que confirma que la desigualdad de género sigue siendo un obstáculo persistente en el acceso a la educación.

El mundo se encuentra en un punto de inflexión. Con más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza, de las cuales 36,8 millones son refugiadas y el 41 % son menores de edad, la presión sobre los sistemas educativos seguirá aumentando.

Cada año nacen más de 330.000 niñas y niños refugiados, lo que significa que, si no se refuerzan urgentemente los recursos, el número de menores sin acceso a la educación seguirá creciendo.

Si los recortes financieros continúan, el riesgo es claro: millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes quedarán sin escolarizar, sin acceso a una educación de calidad, las sociedades de acogida enfrentarán mayores tensiones sociales y el mundo perderá una generación entera de talento y esperanza.

Desde ACNUR, la hoja de ruta para 2030 se centra en tres grandes objetivos:

• promover la inclusión equitativa y sostenible de personas refugiadas en los sistemas educativos nacionales.
• fomentar entornos seguros y propicios para el aprendizaje sin importar el estatus legal, el género o la discapacidad.
• asegurar que las y los estudiantes puedan aprovechar su educación para construir un futuro sostenible.

Estos objetivos requieren un compromiso firme de la comunidad internacional, gobiernos, empresas, fundaciones y ciudadanía en general. Porque garantizar la educación de las personas refugiadas no es un gesto de caridad: es una responsabilidad compartida y una inversión estratégica en un futuro más justo y estable.

La infancia y juventud refugiada no puede esperar. Cada día que pasa sin acceso a la educación es un día perdido para millones de niñas, niños y jóvenes que ya han perdido su hogar, su seguridad y, en muchos casos, a sus familias.

Los avances alcanzados en la última década demuestran que sí se puede. Pero la amenaza de retroceso por falta de financiación es real. La educación es, a la vez, un refugio inmediato y una llave hacia un futuro común.

En este sentido, el llamamiento de ACNUR es claro: invertir en la educación de las personas refugiadas es una urgencia global. Es proteger hoy, y garantizar un mañana compartido.