Más del 17% de los españoles son mayores de 65 años y unos 900.000 necesitan asistencia constante. Esta situación ha abierto un nicho de trabajo para los inmigrantes que buscan empleo. Y es que el 90% de los asistentes no familiares dados de alta en la Seguridad Social son extranjeros. Son casi 200.000 las personas extranjeras que se dedican a cuidar a ancianos, según un estudio realizado por Lluís Ballester, profesor en Métodos de Investigación de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y doctor en Sociología. La gran mayoría de las cuidadoras son mujeres latinoamericanas a quienes el idioma les facilita las labores. “Son personas que gozan de gran aceptación, tanto por parte de los abuelos como de los familiares y que poseen gran capacidad afectiva, trabajan muchas horas y cobran salarios un tanto más económicos”, sostiene Ballester.
Entre las principales causas que llevan a las familias a contratar empleadas extranjeras se encuentran las dificultades de acceso a los servicios públicos, tales como residencias o el servicio de cuidadores profesionales diarios. Si bien el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contempla la posibilidad de un programa de ayudas a las familias que tienen a su cargo ancianos mayores de 75 años, los trámites burocráticos son engorrosos y siempre se depende de los ingresos familiares para acceder a ellos.
Por ejemplo, las plazas de las residencias públicas ya eran escasas en el año 2005, según un informe de CONSUMER EROSKI, en el que se revelaba que el 77% de las residencias tenían listas de espera, y en las públicas llegaban al 93%. En la actualidad el panorama no es muy diferente y son más de 17.000 los españoles que aguardan por la obtención de una plaza en una residencia pública.
Los costes de las residencias privadas y de los cuidadores especializados resultan difíciles de afrontar para muchas familias
En este contexto, la ayuda formal que presta el Gobierno se convierte en algo «totalmente insuficiente», por lo que a las personas dependientes y a sus familias no les queda otro remedio que resolver esta situación por sí mismos, explica Albert Gallart, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Además, los costes de las residencias privadas y de los cuidadores especializados resultan difíciles de afrontar para una familia de tipo medio.
El gasto de una persona dependiente puede ir desde los 10.000 euros a los 25.000 euros al año, de forma que los familiares buscan trabajadores más económicos. Los inmigrantes que llegan a España precisan de un soporte monetario que les permita continuar en el país y si no disponen de toda la documentación en regla pueden fácilmente recurrir al cuidado de personas mayores con horarios y salarios más económicos que el resto de los trabajadores. Por otro lado, hay que tener en cuenta que aunque hay españoles -principalmente mujeres- dispuestos a asistir a ancianos, la oferta de estos cuidadores nacionales es inferior a la de los inmigrantes. En efecto, el 70% de los avisos de empleo publicados en los periódicos pertenece a extranjeros, frente a un 30% de nacionales, destaca Gallart.
Asistentes sin preparación
Mientras que la atención de ancianos brinda una potencial fuente de empleo a los inmigrantes, casi el 45% de ellos no poseen las cualificaciones necesarias para llevar a cabo esta tarea. «Ante una situación de riesgo, no sabrían como reaccionar», aclara Gallart. Las familias contratan extranjeros porque son más económicos -añade- pero no consideran que muchos de ellos no cuentan con la preparación adecuada para asistir a una persona que carece de autonomía.
«En un escenario ideal debería regularse la actividad de asistencia social asegurando unos niveles mínimos de conocimientos para el cuidado de los mayores»
Por otro lado, las tareas específicas que deben realizar los asistentes tampoco están del todo delimitadas. Generalmente se trata de atender a personas que necesitan ayuda constante: aseo, acompañamiento, comida, vigilancia, lo que se convierte en largas jornadas de trabajo en donde los cuidadores padecen un gran desgaste físico.
En un escenario ideal, sugiere el experto, debería regularse la actividad de asistencia social asegurando unos niveles mínimos de conocimientos para el cuidado de los mayores, es decir, que estos empleados reciban formación y estén aconsejados por un plantel de médicos según las necesidades de cada anciano, además de definir las jornadas laborales y la homogeneización de los salarios. Mas aún si se valora que la demanda de cuidadores no familiares se irá incrementando año a año, de acuerdo con las previsiones del académico.
En este momento el 80% de las familias españolas se hace cargo de atender a sus mayores, pero el número descenderá a un 60% en los años siguientes. De esa cifra, las mujeres son las que más se ocupan de sus familiares dependientes -un 38% frente a un 10% de hijos varones-, tal como se subraya en el Informe de Personas Mayores en España 2006 realizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Mientras que el 60% de los españoles cree que el Estado debe ayudar a las familias a hacerse cargo de las personas que necesitan cuidados constantes, el 38% de ellos está disconforme con la ayuda pública que se ofrece a los discapacitados y ancianos, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Esta situación se ha modificado con la entrada en vigencia -desde el 1 de enero de 2007- de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como ‘Ley de Dependencia’. A partir de mayo de este año se han abierto las solicitudes para solicitar este tipo de ayudas, pero sólo podrán acceder a ellas durante este año las personas consideradas con un grado de dependencia alto, es decir, que presentan una pérdida total de la autonomía física y necesitan asistencia varias veces al día.
Según dispone esta normativa, los ancianos dependientes contarán con teleasistencia constante, atención en las necesidades del hogar y cuidados personales, acceso a centros de día y de noche para mayores y, en casos concretos, prestaciones monetarias para cubrir los gastos de un servicio de cuidadores no profesional, por ejemplo familiares o empleados contratados. Los titulares de estas ayudas, de acuerdo con lo que establece la ley, “copagarán” el servicio conjuntamente con el Estado, pero en los casos en los que no se disponga de recursos monetarios para hacer frente a este gasto, no se les denegará el acceso al mismo. Se ha previsto un importante volumen de ayudas por comunidades autónomas a disposición de las personas mayores que requieren de asistencia específica, de acuerdo a diferentes grados y necesidades.
