Un comité especial de Naciones Unidas (ONU) aprobó en la noche del viernes el borrador de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas. El tratado debe ser aprobado por la Asamblea General de la ONU en el periodo de sesiones que comienza en septiembre y tras su posterior ratificación por los países miembros podría entrar en vigor en 2008 o 2009.
Una de cada diez personas que viven en este mundo sufre algún tipo de discapacidad. Son, por tanto, 650 millones de personas a las que, por fin, Naciones Unidas ha decidido darles la mano.
La convención será un instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones para mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas, así como para que puedan tener acceso a la información y sistemas de salud adecuados, y a movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales. También tiene como objetivo proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.
Respeto e igualdad
La convención recoge el respeto a la autonomía individual, incluida la libertad para tomar decisiones propias, y a la independencia de las personas. No discriminación. Respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Igualdad de oportunidades.
En cuanto a la igualdad y la no discriminación, no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
Los Estados deberán adoptar medidas para asegurarse que las instalaciones y servicios abiertos al público de entidades privadas sean accesibles. Además, las instalaciones públicas deberán estar dotadas de señalización en Braille y en formatos fáciles de leer y entender.
En el aspecto sanitario, los Estados prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida.
Se exige asimismo un mercado laboral abierto y accesible para el colectivo, y promulgar medidas como la protección de los derechos de los discapacitados para permitir condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables.
