La proposición de ley para regular la deuda externa sale adelante en la Comisión de Exteriores del Congreso

La norma vincula la gestión de la deuda a la política de cooperación y pide una mejora de los créditos FAD
Por EROSKI Consumer 31 de mayo de 2006

La proposición de ley promovida por CiU para regular la deuda externa ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Esta norma, que vinculará la gestión de esa deuda a la política de cooperación, emplaza al Gobierno a que los créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) sean mejorados a lo largo de esta legislatura.

CiU, a través de su portavoz en cuestiones de cooperación internacional para el desarrollo, Carles Campuzano, ha mostrado su satisfacción por el apoyo recibido y ha destacado en concreto la enmienda introducida este martes, que obligará al Gobierno a aprobar, antes de que termine la legislatura, un proyecto de ley que regule los créditos FAD, generadores de deuda externa.

El portavoz de CiU cree que es «un avance inequívoco» que se vincule la gestión de la deuda externa con la política de cooperación al desarrollo, lo que garantizará que el tratamiento de la deuda se centrará en los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, dentro de ellos, en los prioritarios para la cooperación española. CiU destaca asimismo el control parlamentario sobre la política del Gobierno en esta materia y la participación del Consejo de Cooperación en el seguimiento de esa política.

Campuzano destacó que la proposición apuesta por la política de conversión de deuda y por desligar la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles. Esta ley «no cierra el debate», sino que «inicia un nuevo viaje para mejorar la gestión de la deuda externa y vincularla a la reducción de la pobreza», añadió.

Por su parte, la Alianza Española contra la Pobreza, plataforma que representa a numerosas ONG que luchan contra la deuda externa, considera que el texto aprobado sólo recoge una «mínima» parte de las demandas de la sociedad civil y mantiene una «línea continuista», que impide caminar hacia la abolición de la deuda.

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