La labor de las organizaciones internacionales en Myanmar sigue siendo difícil tres meses después del paso del ciclón «Nargis», que dejó en el país 140.000 muertos y desaparecidos y más de dos millones de afectados. Los opositores al régimen culpan a la junta militar de la persistencia de la pobreza, y el jefe para Ayuda Humanitaria de la ONU, John Holes, aseguró que «deberíamos enviar ayuda aún por seis meses».
Después de la catástrofe, miles de voluntarios esperaron en las embajadas de Myanmar la concesión de visados para poder viajar al país, situación que aún se mantiene, debiendo informar previamente a las autoridades birmanas. Por otro lado, el gobierno en el exilio a través de Ko Shwe, denuncia que «la ayuda estatal fuera de los campos de refugiados es distribuida únicamente en las poblaciones cercanas a bases de apoyo militar o en las tierras de los generales». «Hay huérfanos por todos lados sin que nadie los socorra y niños de 15 años ofrecen sexo a cambio de un poco de dinero», explica Ko Shwe.
Ante esta realidad, la organización Human Rights Watch demanda la creación de una comisión independiente que garantice la llegada de la ayuda a las áreas más necesitadas y que evite situaciones como la obligación a muchos campesinos de regresar a sus tierras devastadas o las pérdidas millonarias de Naciones Unidas a causa del cambio de divisas sobrevaluado impuesto por el régimen. Hasta ahora la junta militar no ha cedido a las presiones internacionales.
