Como una vía más para aligerar la presión migratoria, el Ejecutivo ha mostrado su disposición a sufragar el viaje de aquellos inmigrantes sin recursos, ya sean legales o ilegales, que muestren su intención de regresar a su país de origen. Para ello, Ignacio González, delegado del Gobierno para la Extranjería, comenzó este plan para el retorno voluntario con la firma de un convenio con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el organismo mundial con mayor solvencia en la ordenación de flujos de inmigrantes y desplazamientos de vuelta a los países de salida.
Aunque el Ministerio del Interior prefiere no hacer una estimación del número de inmigrantes que podrían acogerse a este plan, se prevé que reduciría las crecientes bolsas de irregulares que, según cálculos extraoficiales, superarían en la actualidad el medio millón de personas. Una cifra difícil de reducir si se tiene en cuenta la incapacidad de la Administración para llevar a término tres cuartas partes de las expulsiones que decreta.
Interior apuesta ahora porque estas salidas legales y patrocinadas se hagan de manera regular, con el apoyo de los países de origen. La OIM, con importante presencia en África, Asia y Sudamérica, sería la encargada de preparar los viajes y la acogida en estos lugares.
Según el delegado del Gobierno, el objetivo es que «aquellas personas que no han cubierto las expectativas que tenían cuando iniciaron el proceso de inmigración puedan de alguna manera tener una vía de retorno y de reincorporación a sus espacios naturales».
