El Ministerio de Ciencia y Tecnología pretende crear una ciudad digital por autonomía para 2006

La ministra Birulés espera que esta iniciativa sirva para formar a los ciudadanos en el funcionamiento y beneficios de la Sociedad de la Información
Por EROSKI Consumer 12 de diciembre de 2001

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) creará, de aquí al 2006, al menos una ciudad digital por Comunidad Autónoma cuya oferta integrada de servicios y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones de alta velocidad tratará de «demostrar al resto de corporaciones locales las potencialidades de las Tecnologías de la Información», según anunció la titular del Departamento, Anna Birulés.

Las infraestructuras instaladas en cada una de estas ciudades digitales permitirán a los ciudadanos «realizar trámites con la Administración por Internet que fomentarán el comercio electrónico, el teletrabajo, la teleformación, la telemedicina y el turismo», explicó la ministra durante la presentación de las jornadas «El desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciones en el ámbito municipal».

En último término, Birulés espera que la iniciativa consiga «formar de forma práctica a los ciudadanos en el funcionamiento y beneficios de la Sociedad de la Información».

Con un presupuesto de 18.000 millones de pesetas (108 millones de euros), de los que el MCYT aportará la mitad, cada uno de los proyectos será además susceptible de ser cofinanciado por entidades públicas o privadas de la comunidad autónoma en cuestión.

Durante las jornadas, organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la ministra recordó que la proliferación de operadores y redes de telecomunicaciones plantea la «necesidad de ordenar el ejercicio del derecho de ocupación del dominio público».

En este sentido, anunció que el MCYT está tramitando una orden ministerial con la que pretende regular este procedimiento y «extender el uso de las redes a los ciudadanos sin necesidad de abrir zanjas repetidamente».

Por otra parte, Birulés se comprometió también a actualizar la legislación que regula las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICTs) –aquellas ubicadas en edificios donde residen los usuarios finales– con el objetivo de «impulsar una oferta cada vez mayor de los nuevos servicios de telecomunicaciones entre los ciudadanos».

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