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Ley de Internet

Las multas oscilan entre los 3.000 y los 600.000 euros en función del tipo de infracción

Duda y ambigüedad. Son palabras que definen el sentir de muchos internautas tras leer la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), más conocida como Ley de Internet, en vigor desde el pasado mes de octubre. Multas de hasta 600.000 euros y la violación de la libertad de expresión son los aspectos que más preocupan a la comunidad de Internet, desde que el anteproyecto de la LSSI se hiciera público. ¿Debo registrar mi web? ¿Estoy cometiendo algún delito? ¿Puedo mantener un foro en mi página web sin atentar contra la nueva ley? Estas y otras preguntas asaltan a los usuarios de Internet, indefensos ante la falta de información sobre la aplicación de esta ley.

Afectados por la ley

Las protestas masivas desde todos los ámbitos, a excepción de los oficiales, se han multiplicado por varias razones. Conviene saber que esta ley afecta, en principio, ” a todas las empresas y particulares con residencia en España que obtengan un beneficio económico a través de su actividad en Internet, sin tener en cuenta si cobran o no por los productos o servicios que ofrezcan”. Así al menos se aseguraba desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, artífice de la ley. Sin embargo, la realidad parece ser otra bien diferente.

De hecho, la LSSI implica a todo aquel que de una u otra manera mantenga relación con Internet. Por un lado, afecta a páginas no comerciales alojadas en un servidor gratuito que tengan banners (anuncios) comerciales. Por otro, abarca a los usuarios que inserten en su página un contador de páginas gratuito con alguna referencia comercial; a los que creen algún foro, chat, libro de visitas o algún otro elemento que contenga también alguna referencia comercial; y, además, a los que hagan algún enlace a alguna página comercial, aunque sólo sea para buscar una referencia.

La LSSI exige de manera explícita que las webs comerciales identifiquen al prestador de servicios, es decir a la persona o empresa que mantiene la web. Por tanto, en la página debe aparecer el nombre, apellido, NIF, dirección y e-mail de la persona responsable. Si no se hace así, la ley prevé multas que pueden llegar a los 600.000 euros. Sin embargo, lo que no dice la ley de manera explícita es que todas las páginas, incluso las no comerciales, deben incluir todos los datos del autor, lo que para muchos supone un claro e innecesario atentado contra la protección de datos personales.

En concreto, los prestadores de servicios de la sociedad de la información en España tienen las siguientes obligaciones:

  • Hacer “constancia registral” del nombre de dominio o dirección de Internet
  • Ofrecer de forma permanente, fácil y gratuita información general sobre su empresa
  • Colaborar con las autoridades
  • Retener los datos de tráfico relativo a las comunicaciones electrónicas. (Este punto ha sido y es uno de los más polémicos)

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