Operadores de telefonía en España

En 1924, bajo el reinado de Alfonso XII, nace la Compañía Telefónica Nacional de España para unificar las distintas redes de telefonía que hasta entonces operaban en España. Pero no fue hasta 1945 cuando el Gobierno nacionaliza Telefónica adquiriendo las acciones en poder de ITT y comienza a operar como monopolio estatal. Desde entonces ha llovido mucho sobre un mercado de telecomunicaciones en vertiginoso desarrollo, marcado por la liberalización, el imparable crecimiento de la telefonía móvil, la irrupción de Internet y, últimamente, la voz sobre IP(llamadas de teléfono a través de Internet).

El principio del fin del monopolio de Telefónica comienza en 1991, fecha en la que le correspondía firmar su tercer contrato. En medio de las quejas de los usuarios por la mala calidad del servicio, Telefónica eleva las tarifas y en los años siguientes empieza a acometer fuertes inversiones para modernizar infraestructuras, con la vista puesta en la cercana liberalización. Hasta 1997 el Estado no se desprende totalmente de sus acciones en la teleco española por excelencia.

En 1994 Telefónica recibió el primer ‘aviso’ con la liberalización de la telefonía móvil, que se materializa un año después con la concesión de la licencia GSM a Airtel Móviles (ahora Vodafone), que empieza a ofrecer servicios de telefonía móvil en octubre de 1995 tras firmar un acuerdo con Retevisión para utilizar su infraestructura y servicios técnicos. A su vez, Retevisión (ahora Auna) consigue en 1996 la licencia de segundo operador de telefonía básica.

Ese año comienza un proceso imparable: la Comisión Europea solicita al Gobierno español la liberalización del sector de las comunicaciones a partir de enero de 1998 y que se otorguen las licencias a los nuevos operadores durante el primer semestre de ese mismo año. En 1997 entra en vigor la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones (que modifica la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 y la Ley de las Telecomunicaciones por cable de 1995) que crea el organismo regulador: la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), entre cuyos objetivos prioritarios estará fomentar la competencia, traducido en parar los pies al operador dominante y hasta entonces único para que no asfixie a los entrantes.

En 1998 la Ley General de Telecomunicaciones nace para regular este nuevo mercado en libre competencia y garantizar el servicio universal. También llega el tercer operador de móviles, Retevisión Móviles (Amena), y el tercer operador de ámbito nacional de servicio telefónico básico, Lince Telecomunicaciones (Uni2), cuya entrada rompe el ahora duopolio formado por Telefónica y Retevisión.

Por fin, el 1 de enero de 2001 se completa la liberalización de las telecomunicaciones. Telefónica pierde el monopolio de uno de sus principales negocios: las llamadas locales. Debe facilitar el acceso de sus competidores al bucle local, el último tramo que llega hasta el domicilio del abonado. A cambio, las operadoras entrantes pagarán un alquiler fijado por el Gobierno. Éstas parten desde cero contra la omnipotente Telefónica, que entra en el mercado libre con todos los clientes y todas las infraestructuras. Precisan invertir en redes o alquilarlas al ex monopolio, junto a otros lastres como los prefijos que deben utilizar sus clientes para utilizar sus servicios.

La liberalización del mercado de las telecomunicaciones coincide con el empuje de las nuevas tecnologías. El cable se presenta como el nuevo gran soporte, capaz de ofrecer mayor calidad y velocidad a la vez que reunir todos los servicios en un único paquete: telefonía, radio, televisión y la imparable Internet. El par de cobre parece desahuciado.

Una vez que se empiezan a desarrollar Internet y otros servicios de datos, a partir de 1995, nadie daba ya un duro por la vieja red de telefonía de cobre. Las nuevas redes de fibra óptica serían el cimiento de las nuevas autopistas de la información, a la vez que servirían para igualar el naciente mercado en competencia: Telefónica no podría construir nuevas redes de cable hasta que la competencia madurase. La llamada moratoria del cable cementaba los pies del gigante que debería mirar como sus rivales se hacían fuertes en lo que se suponía el negocio del futuro.

A todos menos al ex monopolio les parecía bien esa moratoria que permitiría desarrollar nuevas redes y fortalecer el libre mercado. Pero en esto llegó la tecnología ADSL y eliminó de un plumazo la ventaja concedida a los nuevos operadores. El acceso a Internet por banda ancha a través de las líneas convencionales hizo renacer al par de cobre y devolvió a Telefónica su posición dominante; mientras la competencia debía cavar zanjas e invertir mucho dinero en desarrollar una red propia, la vieja red de telefónica servía para ofertar los mismos servicios sin necesidad de invertir en infraestructura. La consecuencia fue que los ‘cableros’, como Ono o Auna, recortaron sus inversiones en nuevas redes y, terminada la moratoria, Telefónica renunció a desplegar cable.

El ejemplo del ADSL

El ADSL puede servir para ejemplificar la relatividad de la liberalización del mercado. Hoy la conexión cuesta lo mismo que hace cinco años, cuando el precio de la banda ancha es 50 veces más barato para las operadoras, desde los 5.700 euros que costaba el megabyte por segundo en el mercado mayorista, hasta los 115 euros de ahora. Los consumidores no han notado en su bolsillo esta rebaja, aunque al menos a partir de ahora los usuarios de ADSL contarán con el doble de velocidad al mismo precio (esto es, multiplican por dos la velocidad cuando el coste para las operadoras se ha dividido por 50).

Esto es así porque aún sigue existiendo casi una única red en manos de una sola compañía, con pocas posibilidades para el desarrollo de una competencia real, según los expertos. Telefónica debe vender las conexiones ADSL a otros operadores con un descuento del 40% sobre el precio que marca a sus abonados, margen dispuesto para crear competencia por ofrecer un mejor servicio, aunque los operadores entrantes opinan que lejos de incentivar la creación de nuevas redes “el margen es suficiente para no invertir en infraestructura, pero rácano para que nazcan ofertas diferenciadas”. Sólo en este último mes, algunos proveedores se han desmarcado con sustanciales rebajas sobre la tarifa media (unos 40 euros) que todos compartían.

La única salida para hacer sombra al operador dominante es apostar por infraestructura propia para no tener que subcontratar todo el servicio ADSL de Telefónica y pagar sólo por la “última milla”, el bucle de abonado. Con redes y equipos propios en las centralitas los operadores como Jazztel pueden mejorar las ofertas, aunque sólo son rentables en núcleos urbanos muy poblados. La competencia se queja de que la mejora del servicio ADSL de Telefónica, que redunda en todos los que alquilan sus redes, es sólo consecuencia de la futura y quizá más gravosa obligación que le impondría la CMT, y de aprovechar la nueva velocidad para impulsar Imagineo, su televisión a la carta a través de ADSL.

Otro mal ejemplo de la liberalización del sector se puede encontrar en los números de información telefónica, según advierten las asociaciones de consumidores. El fin del monopolio de Telefónica acabó también con el monopolio del 1003, lo que ha dado lugar a la proliferación de nuevos números, hasta 25, que confunden al usuario y son en su mayoría más caros y con peor servicio que el 1003. El más barato (gratis desde cabinas) es el que Telefónica sigue obligada a prestar: el 11818.

También la preasignación, nacida con el loable fin de liberar a los operadores entrantes del prefijo para utilizar las redes de Telefónica, ha derivado en la práctica conocida como slamming. Alrededor de 160.000 casos de cambio de operador han sido realizados de manera fraudulenta, mediante publicidad engañosa, obtención ilícita de datos bancarios, engaño por parte de los distribuidores y falsificación de contratos, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), situación que se puede agravar con el nuevo sistema de preselección telefónicaque no precisa un contrato firmado.

El mercado, por tanto, resulta una lucha por amortizar la inversión y alcanzar la rentabilidad que deriva en el abandono de algunos servicios y el descuido de otros. Excepto en algunos recintos cerrados, nadie al margen de Telefónica se ha animado a instalar cabinas públicas, con fuertes costes de mantenimiento debido a los robos. Mientras, se han multiplicado las quejas de los usuarios respecto a la atención al cliente, cada vez más en manos de subcontratas con personal poco especializado, hasta el punto de suponer más de la mitad del total de las reclamaciones sobre los servicios de telecomunicaciones, sector en el que se incrementan a un ritmo del 20% anual, según la Federación de Usuarios y Consumidores.

Ni siquiera la bajada de precios satisface a la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), que considera que “las economías domésticas de rentas medias y bajas han sufrido aumentos espectaculares en las tarifas del servicio telefónico que más les afecta”, pues “las bajadas en los precios de las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales, poco utilizadas por el consumidor doméstico, no contrarrestan en absoluto las tarifas que han alcanzado la cuota de abono, las llamadas metropolitanas y de fijo a móvil”.

En su informede 2003 El servicio universal de telecomunicaciones en España, la Federación denuncia que el modelo liberalizador está perjudicando gravemente a los usuarios, pues se fomenta una competencia virtual, donde los nuevos operadores se limitan a utilizar las redes del antiguo monopolio, por encima de los derechos de los usuarios. Además de la subida de precios, FACUA denuncia el empeoramiento de la calidad en el servicio y las barreras al desarrollo de Internet.

Las críticas de las asociaciones de consumidores chocan con el espíritu de las nueva Ley General de Telecomunicaciones(2003), que amplía los derechos del usuario en materia de protección de datos, respeto a la intimidad en las comunicaciones -derecho a impedir mediante un procedimiento sencillo y gratuito la identificación de llamada y a no recibir publicidad salvo consentimiento expreso-, elección del medio de pago para abonar los servicios y resolución de contratos sin penalización cuando se modifiquen las condiciones.

Con la nueva ley el operador dominante (más de un 25% del mercado) pasa a ser “operador con poder significativo en el mercado”, así mantiene determinadas obligaciones ante los usuariosy para garantizar la competencia. La CMT declaró hace tiempo a Telefónica “operador dominante en telefonía fija, telefonía móvil, alquiler de circuitos e interconexión”, condición que la obliga a prestar un servicio universal de telecomunicaciones. En Telefonía móvil se le unió Vodafone y el año pasado Amena, que recurrió la calificación por considerarla discriminatoria dado que sólo tenía un 13,8% del mercado.

Los objetivos declarados en el proceso liberalización de las telecomunicaciones eran conseguir mayores inversiones para el sector, crear empleo, diversificar los servicios y fomentar la innovación tecnológica. La ruptura del monopolio y la entrada de competencia redundaría en una mayor capacidad de elección de los usuarios, reducción de precios y aumento de la calidad.

El nuevo mercado en competencia se sostendría sobre cuatro pilares, según apunta el economista Jaime García-Legaz Ponce:

• La eliminación de barreras de entrada, regulada a través de licencias y autorizaciones e inspirada en los principios de no discriminación y transparencia.
• La provisión de una oferta de redes eficiente, a través de mecanismos que incentiven el rápido despliegue de redes alternativas tanto para fomentar la competencia como para evitar los “cuellos de botella”.
• La garantía de competencia efectiva, en la que tras la eliminación del monopolio el legislador evite que el operador dominante abuse de su posición en el mercado.
• El establecimiento de un conjunto de obligaciones de servicio público en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, en especial, las de servicio universal.

Pero mientras que en la telefonía móvil existe una competencia “real” (con los tres operadores nadando en beneficios), la liberalización de la telefonía fija no ha cumplido todas sus expectativas, lastrada por la inercia del fuerte monopolio. Telefónica mantiene alrededor de un 80% del mercado y apenas sobrevive una decena de las más de 50 compañías surgidas para competir con ella en el ámbito nacional. La telefonía fija no ha crecido como se esperaba tras la liberalización y los márgenes se han ido estrechando al caer los precios, con lo que los supervivientes han renunciado a competir cara a cara como operadores globales con Telefónica para centrarse en nichos de mercado.

Situación del mercado

La Ley General de Telecomunicaciones de 1998(actualizada después con la de 2003), que incorporó las directivas comunitarias y estableció la libre competencia en el mercado, habilitó a la CMT a otorgar nuevos títulos habilitantes, licencias individuales y autorizaciones generales de los que han surgido toda clase de operadores. Existen varios tipos de licenciasque, básicamente, dividen a los operadores entre los que prestan servicios de telefonía a través de la red de terceros, los que pueden construir sus propias redes (de ámbito regional, nacional o de telefonía móvil) y prestar servicios, o los que sólo despliegan infraestructura.

La situación sigue fuertemente marcada por la dependencia de la red Telefónica, con el mercado dividido entre los que alquilan sus líneas y los operadores de cable (Auna, Euskaltel, Telecable, Ono, Retecable y R) que tratan de competir en su terreno llevando su propia red hasta el domicilio del abonado. “Sólo la competencia en redes generará verdadera competencia en servicios”, en palabras del presidente de Auna, Luis Alberto Salazar-Simpson.

Aun así, los analistas creen que el mercado apunta hacia la creación de dos únicos operadores globales, con Telefónica por un lado y Auna por el otro, tras absorber a varios cableros locales y con el punto de mira en el resto de independientes. Auna quiere aprovechar su presencia en telefonía móvil (Amena), fija y accesos a Internet para lanzar ofertas conjuntas y tomar ventaja sobre el ex monopolio, que no puede ofrecer servicios integrados de fijo-móvil por su condición de operador dominante. Los operadores de cable con una importante cuota en el mercado regional, con Euskaltel (con un 40% de los clientes de telefonía de la Comunidad Autónoma Vasca) tienen ante sí el riesgo de ser declarados ‘dominantes’ por la CMT, y verse obligados a dar servicio universal.

El resto de candidatos a ser global ha dejado su vocación para centrarse en un solo negocio; Vodafone y Telefónica Móviles han abandonado la telefonía fija e Internet, y otros como BT o Jazztel se dirigen hacia las empresas y el servicio de datos. Por otro lado quedan los que de entrada buscan su pequeña parcela de mercado donde convivir con Telefónica y no frente a ella. Aló, por ejemplo, sirve Internet inalámbrico donde no llegan las redes del ex monopolio, Colt Telecom y Comunitel confían en los servicios avanzados a empresas, y Tele2 vive de la reventa de minutos de tráfico.

Tras la liberalización y la entrada de nuevos operadores, se ha tomado “un camino que no ha hecho nada más que empezar, según Félix Álvarez de Miranda , director general de ASTEL (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicación). Álvarez cree que es necesario tratar de buscar el equilibrio entre antiguos y nuevos agentes porque ahora “hay liberalización, pero no competencia efectiva”.