El Ministerio de Economía publicó ayer el texto definitivo del anteproyecto de ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y en el que se recogen las condiciones del cierre o bloqueo de las páginas web que vulneren los derechos de autor. El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información señala que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interrumpir la prestación de un servicio de una página web que «pretenda causar un daño patrimonial». Este bloqueo se producirá contra los prestadores «con ánimo de lucro directo o indirecto», aunque la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.
En virtud de la nueva norma, el Ministerio de Cultura creará una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargará de elevar la denuncia de los sitios web. Si estos no atienden a su requerimiento, un juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional iniciaría un procedimiento judicial. El magistrado no entraría en el fondo de la causa, pero tras escuchar a las partes decidiría en un plazo de cuatro días si cierra o bloquea el sitio web que efectuaría descargas ilegales. De esta forma, el procedimiento se agilizaría de manera considerable.
El Gobierno defiende que los derechos de los internautas están protegidos al existir un procedimiento judicial, sin embargo, las asociaciones de internautas no están conformes con las propuestas. Según el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, «no han tenido en cuenta a la sociedad civil». Domingo considera que la medida del Ejecutivo central es un «atajo» por el que se quiere «sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería».
Las asociaciones de internautas presentarán la «Red SOStenible», que se ha creado «en respuesta a la propuesta del Gobierno» y cuyo objetivo es coordinar las diversas acciones y campañas previstas durante la presidencia europea «para plantear la posición de la sociedad civil en relación a los derechos digitales». Durante la presentación del documento, se darán a conocer los argumentos jurídicos y sociales por los que se rechaza el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
