España no ha informado todavía a la Comisión Europea sobre la trasposición al ordenamiento jurídico español de la directiva referente a los derechos de autor. Por ello, el Ejecutivo comunitario le ha dado un ultimátum para que dé a conocer los pasos dados en este sentido o de lo contrario podría imponerle una multa diaria.
Nuestro país ya fue condenado en 2005 por el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar esta legislación en el plazo previsto. Desde entonces se ha avanzado en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que deberá recoger dicha directiva y que ya ha superado los primeros trámites parlamentarios.
A pesar del llamamiento realizado por el tribunal comunitario, el Gobierno español todavía no han comunicado a la Comisión Europea la forma en que se llevará a cabo la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Los estados miembros debían aplicar la norma antes del 22 de diciembre de 2002.
Segunda fase
Bruselas enviará un dictamen motivado (segunda fase del procedimiento de infracción comunitario) a las autoridades españolas por no haber comunicado aún las leyes que aplican la citada directiva. España dispondrá de dos meses para dar una respuesta o se expondrá al pago de una multa diaria.
El texto de la reforma de la LPI, que ha levantado una gran polémica, está ya en el Senado. Tanto los autores y editores como los detractores del canon digital se han mostrado contrarios a esta normativa por diferentes motivos.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya instó a España en este mismo sentido
La norma comunitaria, según el Ejecutivo de la UE, supone un elemento esencial en la actualización de la legislación europea sobre los derechos de autor, garantizándose un nivel de protección adecuado en el entorno digital a los autores y a los demás titulares de derechos. De igual forma, para Bruselas esta directiva proporciona un entorno seguro para el comercio transfronterizo de bienes y servicios protegidos por los derechos de autor, facilitándose el desarrollo del comercio electrónico de nuevos productos y servicios multimedia.
La Comisión advirtió de que, si España no toma las medidas pertinentes en el plazo de dos meses, podría pedir al Tribunal de la UE la imposición de multas diarias.
