El Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas creado por el Gobierno favorecerá a un total de 33 destinos

El importe total de los fondos asignados asciende a 75 millones de euros
Por EROSKI Consumer 16 de marzo de 2006

El Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), creado por el Gobierno en 2005 y que se instrumenta a través de líneas de créditos administradas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), beneficiará a un total de 33 destinos turísticos españoles que se han acogido a su primera convocatoria. Si bien el Ejecutivo había previsto un máximo de hasta 100 millones de euros, el importe total de los fondos asignados asciende a 75 millones de euros para la convocatoria de 2005.

Los beneficiarios de los fondos destinados a la mejora de infraestructuras y servicios turísticos son municipios situados en Andalucía (2), Aragón (3), Asturias (3), Baleares (4), Canarias (2), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (5), Comunidad Valenciana (2), Galicia (2), Madrid (1) y Navarra (3).

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio explicó que aunque España ocupa una posición de liderazgo internacional tanto en número de entradas de turistas internacionales como en ingresos por turismo, «es necesario incrementar de forma continuada la calidad de productos y destinos para conformar una oferta turística competitiva».

Cada uno de los 33 destinos turísticos maduros que recibirán los fondos cumple con al menos dos de las características recogidas en el real decreto por el que se regula el FOMIT. Entre estas características se encuentran la sobrecarga ambiental y urbanística; poca inversión nueva; oferta turística estabilizada; escaso potencial de crecimiento de la demanda turística; y un número significativo de equipamientos turísticos de baja categoría.

Turismo recibió un total de 46 solicitudes de municipios españoles para acogerse a la primera convocatoria del FOMIT, de las que finalmente 33 han sido aceptadas. La Comisión de Evaluación del Fondo ha denegado 12 solicitudes, fundamentalmente, por no incluir una inversión privada de al menos el 30% de la inversión pública prevista, tal como las bases para la obtención de financiación. Además, una de las 46 peticiones de los entes públicos fue retirada durante el proceso de selección.

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