Dicho y hecho. El plazo de una semana dado por Ryanair al Gobierno británico para suavizar las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos ha terminado y la aerolínea ha denunciado al Ejecutivo de Tony Blair. Le exige una indemnización de tres millones de libras (casi 4,5 millones de euros) para compensar los retrasos y las cancelaciones sufridas como resultado de la aplicación de dichas medidas.
«El único motivo de esta acción es derrotar al terrorismo con el retorno de la seguridad aeroportuaria a la normalidad», ha dicho el director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary. A su juicio, la renuncia del Gobierno a rebajar unas medidas de seguridad «sin sentido» e «ineficaces» socava «la credibilidad de los aeropuertos británicos».
El Ministerio de Transporte del Reino Unido ha señalado que «afrontamos una grave amenaza y no comprometeremos la seguridad» en los aeródromos. Fuentes de este departamento han recordado que las medidas de seguridad del sector de la aviación se rigen por la Ley de Seguridad de la Aviación de 1982, que no contempla ninguna disposición para indemnizaciones.
Por su parte, Alistair Darling, ministro británico de Comercio e Industria, ha dejado entrever que el Ejecutivo tiene intención de suavizar la rigurosa seguridad y negociará próximamente con el gestor aeroportuario BAA.
