La Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE), que se eliminará con carácter general a partir de enero de 2011, se mantendrá cuando la compra de una vivienda de protección oficial (VPO) se encuentre en un «proceso avanzado», anunció la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados. Esta supresión permitirá un ahorro de 750 millones de euros, señaló.
«Ningún ciudadano que hubiera completado una parte sustancial del proceso de compra de su vivienda protegida va a perder su expectativa legítima de percibir la ayuda, porque somos conscientes de que ésta sería una de las razones que influyeron en su toma de decisiones», afirmó la titular de Vivienda al abordar este régimen transitorio. No obstante, Corredor reconoció que esta ayuda «no ha demostrado ser la más eficaz y equitativa para ayudar a los demandantes de VPO, ya que llegaba a su destino años después de la escritura pública de compra».
Corredor detalló que podrán acceder a la ayuda a la compra a partir del 1 enero de 2011 los compradores de VPO que se hayan subrogado en el préstamo convenido obtenido por el promotor de dichas viviendas, siempre que dicho crédito hubiese sido notificado al Ministerio de Vivienda con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto de modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) o bien que hayan obtenido un préstamos directo en el mismo plazo.
La ayuda beneficiará también a los adquirientes de viviendas usadas en el marco de PEVR que obtengan préstamos convenidos notificados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, siempre dentro del cupo de objetivos convenidos entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas. El periodo transitorio también afectará a los adquirientes de viviendas protegidas correspondientes a promociones de régimen de cooperativa o de promoción para uso propio, si esta calificación se obtiene en el plazo de referencia.
Esta disposición transitoria «constituye una suave transición hacia la desaparición de la AEDE y preserva la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los adquirientes de vivienda protegida», apuntó la ministra al respecto.
