El precio de la vivienda subió 4,5 veces más que los salarios entre 1998 y 2004, según sostiene UGT. A juicio del sindicato, este repunte constituye un «eje básico» de la desigualdad social, por lo que reclama una mayor coordinación de las administraciones para controlar la escalada de precios.
En los últimos cinco años en ningún país de la UE se han construido tantas viviendas como en España
El sindicato cree que es necesario ampliar las ayudas directas a la compra y el alquiler de los colectivos más desfavorecidos, favorecer el uso de suelo público para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y rehabilitar edificios para personas mayores y discapacitados.
UGT critica además el actual «retroceso» en la promoción de viviendas protegidas de menor precio, «que ha pasado del 60% de todas las viviendas de nueva construcción en los años 80 a estar por debajo del 10%».
Coordinación
En su opinión, la falta de coordinación entre los distintos niveles de la Administración tiene en gran medida la culpa del encarecimiento de la vivienda. En este sentido, destaca que en los últimos cinco años en ningún país de la UE se han construido tantas viviendas como en España, ni en términos absolutos, ni en relación con la población. Y, sin embargo, «los precios no han dejado de aumentar».
UGT indica también como factor que favorece el aumento de precios «el bajísimo nivel» de proporción de pisos de alquiler, el 11,5% del total.
La central sindical resalta la existencia de un amplio parque de casas libres (desocupadas o segundas viviendas) en comparación con las necesidades de la población y destaca la fuerza actual del sector construcción. «Entre 1991 y 2001 el número de viviendas se incrementó el 21,6% para un crecimiento casi estable de la población», apunta.
El sindicato recuerda que las familias españolas tienen que destinar la mayor parte de sus ahorros a la comprar de una casa y considera que el control del precio de la vivienda pasa por la coordinación de las administraciones públicas, junto a un aumento de las ayudas directas a la compra y al alquiler para los colectivos desfavorecidos, la reserva de suelo público para viviendas protegidas y ayudas a la rehabilitación y a la adaptación de viviendas para personas mayores o discapacitadas. Por último, solicita la inclusión de la concertación social como uno de los objetivos «prioritarios».
